El Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2025 será decretado por el Ejecutivo debido a la falta de acuerdo en las comisiones económicas conjuntas del Congreso. Tras un intenso debate en torno al proyecto de ley que proponía un presupuesto de $523 billones, las diferencias entre las distintas bancadas políticas y la falta de quórum decisorio llevaron al presidente de la plenaria a anunciar que el Gobierno será el encargado de definir la asignación final de los recursos.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió la propuesta gubernamental, destacando que el plan busca mantener el equilibrio fiscal sin aumentar la deuda pública. “Fue su Gobierno – refiriéndose al mandato de Iván Duque – el que endeudó al país y nosotros estamos pagando esa deuda”, afirmó Bonilla, refiriéndose a la difícil situación financiera que enfrenta Colombia tras los niveles de endeudamiento alcanzados en los últimos años.
Uno de los puntos de mayor controversia fue el presupuesto destinado a la Registraduría Nacional, debido a las preocupaciones sobre el financiamiento adecuado para las próximas elecciones. Bonilla desmintió cualquier tipo de ataque contra el proceso electoral, aclarando que los recursos asignados garantizarán la realización de las elecciones sin inconvenientes.
Desde la oposición, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, criticó el tamaño del presupuesto propuesto por el gobierno, argumentando que se debe reducir el aparato burocrático y aumentar la inversión. Uribe propuso un incremento del 1% con respecto al presupuesto de 2024, una cifra considerablemente menor que la planteada por el gobierno, buscando limitar el crecimiento del gasto público.
Por su parte, la representante Olga Lucía Velázquez, del Partido Verde, sugirió una reducción de $5 billones en el presupuesto para facilitar el consenso y evitar que la decisión recaiga en el Gobierno. Sin embargo, su propuesta no alcanzó el apoyo suficiente entre los legisladores.
Otro tema álgido en el debate fue la distribución de los recursos para los departamentos, particularmente los más vulnerables. La congresista Karina Espinosa, del Partido Liberal, expresó su preocupación por los recortes significativos a regiones como Sucre, que vería una reducción del 38% en su presupuesto, pasando de $2,5 billones a $1,6 billones. Espinosa denunció que estas reducciones afectarían gravemente los esfuerzos para combatir la pobreza en el departamento, que ya enfrenta serios desafíos socioeconómicos.
Con el quórum en la plenaria erosionándose y sin consenso a la vista, el presidente de la sesión confirmó que, si el Congreso no logra aprobar el presupuesto antes del 20 de octubre, el Gobierno del presidente Gustavo Petro será el encargado de decretarlo, una facultad que le otorga la Constitución en caso de falta de acuerdo legislativo.
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