El viernes 13 de septiembre, la libertad provisional de Cristian Petro y Juan Fernando Soto, presuntos implicados en el asesinato del ganadero Esteban Urueta y sus empleados Fredy Beleño y Carlos Marzola, generó alarma y confusión en la región. Según José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, el abogado Lesmer Quintero Argel consiguió la liberación de los acusados durante la tarde, a pesar de que las órdenes de captura fueron emitidas posteriormente por la Fiscalía General de la Nación.
A pesar de que Petro y Soto se habían entregado a las autoridades, supuestamente para confesar su participación en los crímenes, ambos fueron liberados. Esto desató una serie de protestas por parte de los familiares de las víctimas, quienes, temiendo que el tiempo procesal pudiera llevar a la liberación de los acusados, exigieron una acción rápida por parte de la Fiscalía. Los familiares de Fredy Beleño, especialmente, se manifestaron en las afueras de la sede del Gaula en Montería, demandando la detención inmediata de los implicados.
Lafaurie denunció a través de sus redes sociales que el abogado Quintero Argel estaría “reteniendo” a los sospechosos en un edificio, obstaculizando así la acción de la justicia. El presidente de la Federación expresó su indignación al afirmar que el abogado, al parecer, está desafiando tanto la ley como el dolor de las familias afectadas, y ha llamado a movilizaciones para que los acusados sean detenidos conforme a las órdenes de la Fiscalía.
El caso ha sido particularmente impactante debido a las circunstancias del crimen. Urueta y sus empleados fueron encontrados en una fosa común en la vereda La Carolina, cerca de la Ciénaga de Chimá. Los cuerpos, que fueron quemados, fueron trasladados a Medellín para su identificación en Medicina Legal. El hijo de una de las víctimas, Carlos Beleño Romero, reveló que Petro, quien trabajaba como capataz para Urueta, mató a su patrón por sospechas de robo de ganado.
Beleño también informó que los cuerpos fueron descubiertos en una finca arrendada por Juan Soto, otro de los implicados en el homicidio. La comunidad y el gremio ganadero en Córdoba han expresado su rechazo ante el manejo del caso, exigiendo justicia y la detención de los presuntos culpables tal como lo ha ordenado la Fiscalía General de la Nación.