En medio de cruentos hechos, el Gobierno saca cifras, compara y hace claridades. Hay elementos ciertos, pero los cuestionamientos giran sobre si esa es la respuesta que quieren las víctimas.

El 16 de agosto pasado, el país amaneció con la noticia del asesinato de ocho jóvenes en Samaniego (Nariño). Una masacre. En la tarde de ese domingo, el presidente Iván Duque, en su habitual programa de seguimiento a la pandemia, rechazó el acto violento, explicó sus posibles causas y entregó cifras de su gobierno en reducción de cultivos de uso ilícito y en el descenso de los homicidios.

“Cerramos el 2019 con una de las tres tasas de homicidio más bajas de los últimos cuarenta años (…) esta tendencia muestra que seguimos a la baja y tenemos que perseverar. Por supuesto, hay hechos que golpean la percepción de seguridad”, dijo.

Para muchos no pasó desapercibido que el primer mandatario respondiera en una intervención pública, luego de dos masacres (cinco niños habían sido asesinados también en Cali), con un balance de cifras. El martes, la agenda del presidente generó una mayor incomodidad, que se vio reflejada en los comentarios en Twitter, al priorizar un evento en el aeropuerto de Rionegro para recibir el primer avión tras la puesta en marcha del plan de reactivación de conectividad aérea.

Finalmente, la presencia física de Duque en Nariño, uno de los epicentros de la violencia de los últimos días, quedó para el sábado pasado. Llegó a una reunión con los familiares de las víctimas de la masacre de Llano Verde, en la capital vallecaucana, y luego partió hacia Samaniego y Chachagüí.

Tomado de: El Espectador.

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