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Por homicidio de María del Pilar Hurtado abren investigación a Alcalde de Tierralta

Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación al Alcalde y al secretario de Gobierno del caribeño municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, por las presuntas irregularidades en el manejo del orden público que derivaron en el asesinato de la líder social María del Pilar Hurtado el pasado 21 de junio.

La investigación que adelanta el Ministerio Público cobija al “Alcalde de Tierralta, Fabio Leonardo Otero Avilés, y al secretario de Gobierno, Willington Ortiz Naranjo, por las presuntas irregularidades en el control del orden público originadas por la invasión de unos lotes en el municipio”, explicó la Procuraduría en un comunicado.

Lo anterior, aclaró el órgano de control, “habría derivado en el homicidio de la líder social María del Pilar Hurtado Montaño el pasado viernes 21 de junio” en esa localidad del departamento de Córdoba.

El crimen de Hurtado, de 34 años, se produjo el viernes anterior cuando caminaba por las polvorientas calles de la localidad en compañía de su hijo, de apenas nueve años.

En ese momento la mujer fue tiroteada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y la desgarradora escena que siguió y que fue captada en un vídeo que se multiplicó en las redes sociales, conmovió al país por el desespero y el dolor del niño que gritaba, pateaba piedras y preguntaba “por qué” mataron a su progenitora.

A las pocas horas del hecho, la Secretaría de Gobierno de Tierralta emitió un comunicado en el que afirmó que la familia de la víctima había negado el que ella fuera una líder social.

“Con el presente comunicado informamos a la opinión pública, de acuerdo a lo manifestado por su compañero sentimental (Manuel del Cristo Berrío Velásquez), nos deja constancia que la señora María del Pilar Hurtado Montaño no pertenece a ninguna asociación ni figura como líder social”, indicó el despacho oficial en ese momento.

Una referencia a la víctima apareció días atrás en panfletos que circularon por la zona de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como se hace llamar el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país dedicada al narcotráfico.

Sin embargo, el director de la Fundación Social Cordoberxia, Andrés Chica, dijo a Efe que la mujer asesinada “no pertenecía a una organización social campesina pero sí tenía un liderazgo dentro de su comunidad en el marco de la invasión de un predio de propiedad del padre del alcalde” de Tierralta.

Tras la denuncia, Chica confirmó ayer que se vio obligado a abandonar la población junto a su familia hace dos días debido a las denuncias del asesinato de Hurtado.

“Denunciamos desde la fundación el asesinato de la compañera, lo que le ha dado la vuelta al mundo, eso costó que nos amenazaran y salí con todo y mi familia”, subrayó Chica.

El líder social detalló que recibió un panfleto de las autodefensas en el que se le amenazaba, hecho que se repitió una vez abandonaron Tierralta.

Según una alerta temprana de noviembre pasado de la Defensoría del Pueblo, al menos 22.132 campesinos e indígenas que habitan en las zonas rurales de Tierralta y sus alrededores están a merced de las AGC, herederas de los grupos paramilitares y enfrentadas a disidentes de la antigua guerrilla de las FARC.

En el comunicado de hoy, la Procuraduría aclaró que busca determinar la gestión de la Alcaldía “frente a la ocupación de predios por parte de un sector de la comunidad, así como el manejo que dieron a las presuntas amenazas de que fue víctima la lideresa, representante de la comunidad que habría invadido algunos lotes en el municipio”.

Ante los hechos ocurridos, el Ministerio Público “busca esclarecer si los comportamientos que posiblemente asumieron en este caso los funcionarios son constitutivos de falta disciplinaria, así como los motivos determinantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar”.

Por lo anterior, se ordenó que la Alcaldía de Tierralta, la Unidad Nacional de Protección, el Ejército y la Policía entreguen información de las acciones emprendidas ante la presunta invasión de los predios, la identificación de sus propietarios, la aparición de un supuesto panfleto con amenazas y los pasos seguidos para establecer su veracidad.

Fuente: zonacero.com