Luego de conocerse la decisión de la Sección de Revisión del Tribunal para la paz de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de no extraditar y dejar en libertad al exlíder de las Farc, Jesús Santrich, el fiscal general Néstor Humberto Martínez confirmó que esa fue la razón de su renuncia al cargo y alertó que en Colombia “se consolida un Estado antijurídico”.
Martínez también advirtió que tras el fallo de la JEP, en el futuro habrá una especie de convivencia entre el delito y la ciudadanía que dará paso a la no investigación de delitos graves como los cometidos por las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en su más de medio siglo de operaciones ilícitas.
Por eso convocó a los colombianos a movilizarse, para restablecer -dijo- la legalidad y la defensa de paz dentro de una justicia que no brinde privilegios a un grupo, en detrimento de los derechos de las víctimas del conflicto y la población en general.
“En el futuro, la reincidencia en el secuestro y la extorsión, entre otros delitos, podrá convivir con los privilegios de la justicia transicional; en adelante los delitos permanentes de narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios, pese a que el colectivo social está amenazado como nunca por el cultivo y tráfico ilícito de drogas; las facultades de investigación de la Fiscalía respecto de los crímenes ocurridos durante el conflicto quedaron emasculadas y se abrió una puerta falsa para restringir la extradición”, reza el documento.
Otra de las críticas expuestas por el ahora exfiscal es que su despacho se enteró de la decisión de la JEP a través de los medios de comunicación, pues -hasta la emisión del comunicado- no había recibido notificación alguna de la libertad y orden de no extradición a favor de Santrich.
También condenó que la medida haga “trizas” la cooperación internacional en la lucha contra los delitos que le fueron perdonados al exlíder de las Farc, lo que -a su parecer- contraviene la Constitución y “destruye la muralla” hecha con el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico, “cuya promiscua relación constituye una amenaza para la democracia”.
“Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación”, señala el texto.
Este es el comunicado completo:
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