Esta Declaración fue adoptada el 04 de enero de 2019 por los Cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Aunque México participó durante todo el proceso de negociación, no acompañó el texto final.
La Declaración se dividió en dos secciones: Una sección política y de posicionamiento del Grupo de Lima (GL) y otra sección sobre posibles medidas que podrían ser adoptadas tras el 10 de enero de 2019.
En la sección política, los Gobiernos que acompañaron la Declaración:
– Reiteraron la ilegitimidad del proceso electoral realizado en Venezuela el 20 de mayo de 2018, por lo que no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro.
– Instaron a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a transferir a la AN el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones.
– Reiteraron su apoyo a iniciativas que conduzcan al restablecimiento del orden constitucional.
– Expresaron su determinación de continuar impulsando iniciativas en foros multilaterales como la OEA y el Consejo de DDHH de la ONU para coadyuvar al restablecimiento de la democracia.
– Condenaron cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región.
– Reiteraron su preocupación por la grave crisis política y humanitaria en Venezuela; renovaron su compromiso de continuar brindando asistencia a los migrantes venezolanos y de promover iniciativas de coordinación regional en respuesta a esta crisis.
– Exhortaron al régimen venezolano a permitir el ingreso de asistencia humanitaria para los venezolanos.
En la sección de medidas, los Gobiernos que acompañaron la Declaración acordaron:
– Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela.
– Impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos.
– Evaluar el otorgamiento de préstamos al régimen en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte.
– Suspender la cooperación militar con el régimen de Maduro y evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria.
– Intensificar contactos con países no miembros del GL.
– Instar a otros países a apoyar la solicitud presentada por algunos países del GL y a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional a avanzar con celeridad en los procedimientos correspondientes.
– Urgir a otros miembros de la comunidad internacional a que adopten medidas semejantes a las acordadas por el GL contra el régimen de Maduro para el restablecimiento de la democracia.
Medidas que se pueden materializar a la brevedad:
1. Impedir la entrada al territorio colombiano a altos funcionarios del régimen venezolano.
2. Intensificar contactos con países no miembros del GL.
3. Urgir a otros miembros de la comunidad internacional a que adopten medidas semejantes a las acordadas por el GL contra el régimen de Maduro en pro del restablecimiento de la democracia.
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