Luego de que el Grupo Gas Natural Fenosa demandara al Estado por una supuesta expropiación de sus capitales en Electricaribe en 2016, por la suma de 1.626 millones de pesos, Colombia contrademandó a la compañía española ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial.
La intervención que realizó el Gobierno nacional en noviembre de 2016 respondió a la mala prestación del servicio en la costa atlántica, por lo que la defensa colombiana argumentará que intervención no es lo mismo que expropiación, como lo pretende hacer ver la empresa española. También objetará que dicho proceso se dio por la falta de inversión en Electricaribe, para esa época, y las largas y frecuentes interrupciones en la distribución de energía.
La demanda se origina por la protección a las inversiones que surgen de Tratados de Libre Comercio que son suscritos entre algunos países como, por ejemplo, Colombia y España.
En 2017, la antigua administración dominada por “Los Españoles” quebró la empresa, ya que debían 2,4 billones de pesos y un pasivo laboral de 700 mil millones de pesos. Sin embargo, el Gobierno nacional no quedó conforme con ese monto, pues creía que no estaba bien calculado.
Ahora, el Ejecutivo ha planteado mecanismos a fin de recuperar la empresa que brinda el servicio eléctrico a más de 10 millones de personas en el Caribe. Asumió los pasivos pensionales por 1,2 billones de pesos y aprobó recursos valorados entre los 500.000 y 700.000 millones de pesos para inversiones en la infraestructura, con el propósito de hacerla más competitiva en el mercado energético y poder conseguir en 2019 un nuevo operador.
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