Montería. Cuando parecía que el mandatario departamental retornaría al cargos tras 180 días de suspensión, el Ministerio Público notifica en la tarde de este martes que adopta una nueva medida de suspensión provisional, por tres meses.
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Esta vez la medida disciplinaria se deriva de una investigación por presuntas irregularidades en la terminación de un contrato de ciencia y tecnología y posibles actos de corrupción relacionados con la ejecución del proyecto con cargo a recursos de regalías.
El órgano de control ordenó la suspensión del funcionario para evitar “la reiteración de una posible falta disciplinaria en relación con la ejecución de recursos públicos, así como la interferencia en la investigación por presuntas irregularidades en la suspensión unilateral del convenio No. 735 de 2013”, celebrado entre la Gobernación de Córdoba y con la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia (George Dahl).
Así mismo, el ente de control investiga posibles actos de corrupción en que pudo incurrir el investigado conforme a los señalamientos hechos por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, en relación con el destino indebido que habrían tenido los recursos públicos del proyecto.
Dentro de este proceso, la Procuraduría también investiga al director administrativo de Planeación, Manuel José Benjumea Simanca; a la asesora del despacho del gobernador, Sandra Milena Ruiz Pérez, y al director de contratación de la gobernación, Jairo Rafael Cruz Lozano.