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martes, noviembre 20, 2018
Córdoba

Viviendas quitadas por mal uso, se reasignaron a familias desplazadas: MinVivienda

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Montería. Otros 5 de los 2.960 apartamentos que se construyeron en la urbanización El Recuerdo, en el sur de Montería, fueron recuperados por el Ministerio de Vivienda en apoyo con la Policía Nacional, tras llevar a cabo un proceso administrativo sancionatorio en contra de personas que no cumplían con las obligaciones del Programa de Viviendas Gratis del Gobierno Nacional.

Se determinó que los apartamentos no estaban siendo habitados por las familias inicialmente beneficiadas con el programa de gratuidad. Lo más grave, fueron utilizados para ser arrendados. Ante esta situación, el Ministerio de Vivienda reasignó los apartamentos recuperados a 5 nuevas familias víctimas de desplazamiento forzado y que se encuentran inscritas en las listas de personas priorizadas por Prosperidad Social.

“Yo siempre tuve la esperanza de que el Gobierno me ayudara, y hoy doy las gracias primero a Dios y luego al presidente Santos porque en esta casa podré estar con mis seis hijos, y no sufriré porque ya tengo un techo para mi familia”, manifestó Elsa Pérez de Ávila, madre cabeza de hogar beneficiada con su apartamento gratis.

A la fecha, ya son 100 procesos de revocatoria de viviendas gratis en todo el país que han sido reasignadas a nuevos hogares que se encontraban en lista de espera.

A través del Grupo de Revocatorias, el Ministerio de Vivienda ha velado por el cumplimiento de las obligaciones que tienen los beneficiarios del programa de viviendas gratis. Esto con el objetivo de auxiliar a las familias más vulnerables del país, garantizar la seguridad de las urbanizaciones para que no se cometan actos ilícitos y generar una cultura de pago de servicios públicos y de administración.

El Ministerio de Vivienda nuevamente hace un llamado a las personas que han recibido este auxilio del Gobierno Nacional para que se apeguen a los compromisos que adquieren con su vivienda gratis, tales como habitar las viviendas, no arrendarlas ni venderlas; no utilizarlas para la comisión de actividades ilícitas; pagar los servicios públicos, el impuesto predial y la administración en los casos en que esta sea legalmente reconocida; y, finalmente mantenerlas en condiciones de habitabilidad y salubridad, entre los más destacados.

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