
El juez 45 de control de garantías envió a prisión a Roberto Prieto procesado en las investigaciones por el escándalo de sobornos de Odebrecht.
“Se torna necesario disponer una medida de aseguramiento en contra del señor Roberto Prieto para salvaguardar el proceso en su contra“, dijo el juez.
La Fiscalía le había imputado los delitos de falso testimonio, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.
Ante la decisión de enviarlo a la cárcel Modelo, la defensa aseguró que por cuestiones de salud debería ser trasladado hasta una unidad militar.
Durante la audiencia la Fiscalía había señalado que Prieto tenía que ser privado de su libertad al considerar que podía poner en riesgo la investigación.
El juez aseguró que la medida es necesaria porque se “permite evidenciar” la influencia que tiene Roberto Prieto.
“Vistos en conjunto los elementos, nos permiten establecer que Prieto tiene la capacidad de dirigir una serie de actuaciones para que los testigos logren variar su versión. Abonado a ello también la capacidad de ocultamiento de la información”, dijo el juez.
En el expediente contra el poderoso empresario ha sido clave su exsocio y mano derecha, Eduardo Zambrano, quien ahora es el testigo estrella de la justicia en este caso.
“El aquí indiciado tenía como modus operandi pedir dinero a empresas y personas diciendo que era requerido para ‘tapar huecos’ de las campañas políticas de Juan Manuel Santos”, dijo la fiscal 80, que lleva el proceso.
Lo que documentó la investigación es que al menos en un caso esa plata habría ido a los bolsillos de Prieto.
Ese caso es el de los diseños del puente entre Plato y Zambrano, Magdalena. La obra estaba a cargo del consorcio Yuma, cuyo principal accionista es la italiana Impregilo y que forma parte de la Ruta del Sol III.
La Fiscalía aseguró que en el 2015 Prieto buscó, supuestamente con la misma estrategia de ‘tapar huecos’ por gastos electorales, a los italianos y ofreció sus influencias en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que lograran mejores condiciones en sus negocios.
El expediente dice que aunque debió convocarse una licitación pública (como también pasó en la concesión Ocaña-Gamarra con Odebrecht) para construir ese puente, la ANI firmó ilegalmente un otrosí con el consorcio Yuma.
Hace algunos días fue condenado a 8 meses de cárcel el empresario Gilberto Saldarriaga Giraldo por este caso. El condenado era el representante de la empresa de Megaland S.A.S., señalada de facilitar el pago de 650 millones de pesos a Prieto que provendrían del pago de una coima por sus gestiones para la adición del contrato.
La empresa, según la investigación, giró una factura para la viabilidad de ese pago, por un concepto carente de sustento y que solo buscaba justificar el movimiento del dinero.
Saldarriaga, pariente de Andrés Giraldo, muy cercano a Prieto, fue señalado de facilitar el uso de la empresa para llevar a cabo estos pagos.
Prieto también es investigado por mentir al decir que no había recibido dineros de Odebrecht y de Interbolsa para la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.
La Fiscal aseguró que en el caso de las campañas aparece María Fernanda Valencia, quien fue candidata a la Cámara por el partido de la U, conocía a Prieto y fundó la firma Impresa Group, a través de la cual se recibieron 450.000 dólares para la compra de afiches para la campaña Santos Presidente. Ese dinero fue consignado por Odebrecht.
La Fiscal habló también de los aportes de Odebrecht a la campaña Santos 2014-2018 a través de Padington. En esa campaña Prieto era subgerente y “actuó en contra de las reglas de la ética y la moral”, dijo.
“Los directivos de Odebrecht han dicho que con la empresa Padington se hicieron unos pagos para que elaborara unas encuestas”, señaló.
Según la Fiscal Prieto hizo algo similar al pedirle a Rodrigo Jaramillo, presidente de Interbolsa, dinero para la campaña Santos a través de la firma Francisco Ortiz Producciones, aportes que tampoco quedaron en la contabilidad de la campaña.
En el 2010 se hicieron tres pagos: uno por 92.8 millones de pesos, otro por 92.8 millones, y un último por 104 millones de pesos, que suman 290 millones incluidos 40 de IVA, dinero que fue el que finalmente Prieto pidió para la campaña Santos.
FUENTE EL TIEMPO
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