Cada semana el caso del exjefe Jesús Santrich tiene una nueva sorpresa jurídica. Mientras en el Congreso, la ley de procedimiento para el funcionamiento de la recién creada Jurisdicción para la Paz cursa una verdadera batalla contra el tiempo, el nuevo tribunal está tomado decisiones, para gusto o disgusto de muchos.
En la mañana de este miércoles, funcionarios de la JEP llegaron hasta la casa religiosa Caminos de Libertad, donde está recluido el exjefe guerrillero, con el fin de que firme una nueva acta de compromiso ante esta jurisdicción. Este documento es el mismo que suscribieron cientos de guerrilleros que estaban privados de la libertad para pedir ante su juez natural la libertad condicional, la suspensión del proceso o la suspensión de la ejecución de la sentencia a cambio de ratificar su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Santrich, por ser un miembro del secretariado de las Farc y no haber estado privado de la libertad, había firmado en el pasado otra acta, mejor conocida como de “reincorporación social y política”. Sin embargo, con esta nueva jugada lo que busca es decirle a su juez natural -tema que está en el centro de la discordia- que estudie la posibilidad de dejarlo en libertad.
Este nuevo recurso entra a atizar el fuego en la polémica que desató la captura con fines de extradición en contra del exjefe guerrillero. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, esta semana reclamó la competencia para haber efectuado el procedimiento de detención y allanamiento al lugar de residencia de Santrich, en el barrio Modelia. Ante la cúpula de la justicia, reunida en Cartagena, Martínez defendió la legalidad del operativo y manifestó que la revisión de su actuar por parte de cualquier otra autoridad sería un “desafío con rasgos de temeridad”.
La semana anterior, cuando la JEP asumió competencia para estudiar el caso Santrich, tomó la decisión de suspender el trámite de extradición y pedir a la Fiscalía los detalles de la captura a fin de estudiar el caso. Con esta medida, dijo Martínez, corre riesgo no solo la medida de detención de Santrich, sino la legalidad del material electrónico incautado en la vivienda del exjefe de las Farc; en total fueron hallados 10 computadores.
Para la Fiscalía era claro que la JEP debía pronunciarse sobre la fecha de ocurrencia de los hechos delictivos para determinar si se cometieron con posterioridad a la firma del proceso de paz. Sin embargo, desde que comenzó la discusión muchas interpretaciones jurídicas se han sumado a lo que muchos creían ya pactado.
En este panorama, la intervención de la Corte Constitucional se hace cada vez más inminente. La Ley que creó la Jurisdicción Especial para la Paz prevé que se active su competencia para resolver conflictos de competencias por lo que esta batalla por la libertad de Santrich será un asunto en este estrado.
FUENTE: www.semana.com/
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