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jueves, septiembre 20, 2018
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Expertos aseguran que Corte Suprema está obligada a arrestar a Álvaro Uribe Vélez

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Por GONZALO GUILLÉN

El presidente de la Corte Suprema de Justicia –CSJ–, José Luis Barceló Camacho, instructor de la investigación penal matriz contra el senador Álvaro Uribe Vélez (expedientes UI38451 y 40248) en múltiples documentos ya ha calificado los delitos del caso como “concierto para delinquir, homicidio y otros”.

Se basa en el abundante cúmulo probatorio recaudado por un equipo especial de investigadores a su cargo, que incluye la cooperación de una agencia de inteligencia europea, informaron fuentes de la Fiscalía General de la Nación.

El más estructurado de los delitos calificados en contra de Álvaro Uribe en términos probatorios (concierto para delinquir) proviene de la cantidad de casos en los que los testigos de cargo son obligados a cambiar sus versiones acusatorias o asesinados cuando rehúsan hacerlo.

Con ocasión del asesinato del paramilitar Carlos Enrique Areiza, otro testigo de cargo en su contra, Uribe Vélez celebró el homicidio en su cuenta de Twitter y lo describió como “un buen muerto”.

Entre la documentación que obra en los expedientes se encuentran grabaciones legales en las que Álvaro Uribe Vélez habla con el abogado Wilser Darío Molina Molinas sobre la necesidad de obligar a cambiar testimonios de testigos que lo perjudican. También, en charla con quien fue identificado como Juan Guillermo Villegas, da a conocer que tiene informaciones sobre que está siendo interceptado por la CSJ y le avisa a su interlocutor: “esta llamada la están oyendo esos hijueputas” (oír aquí la grabación completa).

“La Corte ha encontrado un patrón e identificado a un grupo de personas que, con Uribe, se han concertado para delinquir en esos aspectos”, explicó una de las fuentes consultadas de la Fiscalía General.

La calificación de concierto para delinquir en uno de los delitos que se le investigan a Álvaro Uribe fue ratificada por Barceló Camacho en oficios que ordenó enviar el pasado 6 de abril al Tribunal Superior de Bogotá. Copias de ellos reposan en poder de este periodista.

Entre las pruebas más recientes y poderosas figuran, básicamente, registros fílmicos y documentales de visitas en la cárcel La Picota, de Bogotá, al testigo de cargo Guillermo Monsalve Pineda por parte de abogados y un congresista que le ofrecieron recompensa por cambiar su testimonio. También, le lanzaron amenazas contra su familia, aseguran las fuentes.

De acuerdo con los informantes consultados, sobre este aspecto puntual de la investigación, entre ellos reclusos de La Picota, figuran dos abogados que al ingresar se identificaron como Jaime Lombana y Diego Cadena, así como un congresista del Huila de apellido Prada. Ante el recluso se presentaron como enviados directos del “señor presidente Álvaro Uribe”.

Prada visitó a Monsalve Pineda en una oportunidad diferente.

Las fuentes sostienen que fueron al presidio con la excusa de ver a otro preso y su ingreso está, además, documentado, entre otras cosas, con videos de control del Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, el cual expidió copias, dijo a este periodista una fuente de esa entidad.

En cuanto a los abogados referidos, la CSJ no puede enjuiciarlos y por ello debe “compulsar” [enviar] copias exactas de las evidencias a la Fiscalía General de la Nación, entidad que debe llevar una instrucción penal paralela.

La CSJ solamente puede investigar y juzgar a Álvaro Uribe Vélez y a Prada por ser congresistas, posición que les concede un fuero según el cual su único juez es la CSJ.

Las evidencias fílmicas y otras recaudadas por la CSJ muestran a enviados de Uribe presionando a Monsalve Pineda a cambiar su versión contra Álvaro Uribe por una favorable y a pedirle perdón de manera pública.

La agencia de inteligencia europea que coopera con la investigación ha recaudado evidencias técnicas y electrónicas tales como interceptaciones de conversaciones entre los involucrados y otras.

Expertos cercanos a la CSJ explicaron que frente a esas pruebas infraganti respecto del delito de concierto para delinquir, las normas penales disponen el arresto inmediato del involucrado “y en caso de no ser practicado, el funcionario judicial del caso incurre en los delitos de prevaricato y omisión de denuncia”, precisaron

No obstante, el magistrado Barceló Becerra ha argumentado que no puede arrestar al senador Uribe Vélez, como es su deber, porque la CSJ todavía no tiene conformada la Sala de Instrucción de Aforados Constitucionales, de nueve magistrados, creada por el acto legislativo 01 de 2018 para poner en práctica la recién instaurada doble instancia en el caso de las causas penales contra los aforados. Estos últimos antes solamente gozaban de una única instancia.

En carta oficial a la Fiscalía General de la Nación, el magistrado Barceló Camacho escribió:

La situación coyuntural que se presenta en la actualidad con motivo del Acto Legislativo 01 de 2018, que creó una sala de instrucción para el trámite de investigaciones contra aforaros constitucionales y una sala de juzgamiento en primera instancia, con el propósito de que en esta clase de asuntos se garantice el derecho a la segunda instancia, impiden en este momento calcular el tiempo aproximado de duración de las investigaciones en comento, pues una vez se nombren los H. Magistrados que habrán de ocupar tales dignidades, este tipo de procesos deberán pasar a su conocimiento”.

Es decir, la CSJ se declara en un inusual receso judicial en cuanto tenga que ver con Uribe Vélez, hasta cuando se integre la nueva Sala de Instrucción.

Esta posición contrasta con el hecho de que este año, por el contrario, ya han sido arrestados tres congresistas y para ellos no se tuvo en cuenta la inexistencia de la nueva Sala para que puedan hacer apelaciones en segunda instancia. Son ellos Aida Merlano, Álvaro Ashton y David Char, por cargos de fraude electoral en el caso de ella y parapolítica en el de los otros dos.

Los delitos calificados por Barceló Camacho en el caso de Uribe Vélez y quienes han actuado con él son de mucha mayor gravedad (“concierto para delinquir, homicidio y otros”), y aun así no se aplica ninguna de las medidas de aseguramiento que obliga la ley para estos eventos, como ocurrió contra Merlano, Ashton y Char.

Juristas especializados consultados para esta noticia indicaron que Barceló Camacho y la CSJ mantienen sus funciones como instructores mientras no exista la nueva Sala.

En los casos de los citados Merlano, Ashton y Char la CSJ no les ha aceptado el argumento de que no pueden ser investigados y juzgados mientras no se integre la Sala de Instrucción.

“La CSJ y el doctor Barceló no pueden interrumpir sus deberes. Deben entregarle a la nueva Sala los expedientes a que haya lugar, incluso con presos y llamados a indagatoria, si es el caso, cuando aquella exista”, dijo uno de los juristas consultados.

“Actuar de manera distinta y favorable con Uribe frente a Char, Merlano y Ashton va contra los principios de igualdad y seguridad jurídica. O todos en la cama o todos en el suelo”, precisó otro de los expertos.

Las listas de 10 candidatos cada una para elegir a los nueve magistrados que integrarán la nueva Sala de Instrucción, ya fueron elaboradas por el Consejo Superior de la Judicatura y se encuentran a disposición de la Sala Plana de la CSJ para que haga la elección.

Esta es una de las nueve listas:

No obstante, la elección de los miembros de la nueva unidad podría tardar años, si bien en ella intervienen intereses de todo tipo que detienen, entorpecen y dilatan el proceso: desde políticos hasta del crimen organizado. Muchos sectores quieren tener injerencia en ese tipo de funcionarios y debido a ello en las altas cortes del país impera hoy lo que se ha dado en llamar el “cartel de la toga”.

De acuerdo con documentos firmados por el magistrado Barceló Camacho, algunas de las interceptaciones telefónicas ordenadas por la CSJ han desaparecido de las “Salas Esperanza”, de la Fiscalía General, cuyo fin es apoyar a la justicia con inteligencia y pesquisas electrónicas.

Es por el anterior motivo que ese tipo de caudal procesal lo recauda ahora para la CSJ una agencia europea en casos altamente sensibles, indicaron fuentes de la Fiscalía General.

El magistrado Barceló Camacho no contestó a llamadas telefónicas hechas por este periodista.

 

FUENTE LANUEVAPRENSA.COM.CO

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