Después de que la defensa del ganadero Santiago Uribe alegara el vencimiento de términos por errores de la Fiscalía el juez especializado del circuito de Antioquia, Jaime Herrera Niño, decidió sustituirle la medida de aseguramiento privativa de la libertad por una no privativa.
En efecto, el pasado primero de marzo, Uribe completó dos años privado de la libertad, sin que la justicia resuelva de fondo su situación jurídica dentro del proceso que se le sigue por homicidio y conformación de grupos paramilitares.
Como lo reveló EL TIEMPO, en criterio de su defensa, en cabeza del penalista Jaime Granados, se le estaban violando sus derechos. El abogado argumentó que “fácilmente se advierte que de los dos años que han trascurrido desde la detención de Santiago Uribe, a la Fiscalía le es imputable un periodo correspondiente a un año, tres meses y 16 días (…), lo que equivale al 64,5 por ciento del término”.
Pues dijo que el vencimiento de no obedecía a conductas dilatorias de la defensa, ya que “ha asumido una actitud absolutamente leal con el proceso”. De hecho, pidió más de 86 pruebas y testimonios de varios narcotraficantes, paramilitares presos en Estados Unidos y hasta de ganaderos, que le fueron negadas en su mayoría.
Según Granados, si bien se presentó una solicitud de reprogramación de una inspección clave, esta se motivó en un error de notificación de la Fiscalía.
También le endilgó a esa entidad poner de manera tardía en conocimiento de la defensa varios cuadernos anexos que no habían sido allegados al expediente.
Y Granados añadió que no fue responsabilidad de la defensa el aplazamiento de la declaración del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que finalmente no fue acogida por el ente acusatorio.
Según Granados, si bien se presentó una solicitud de reprogramación de una inspección clave, esta se motivó en un error de notificación de la Fiscalía.
Por el contrario, dijo que incluso se justificó el recurso que presentó en contra de la resolución de cierre de la investigación, ya que esta buscaba que se incluyeran testimonios claves.
Para lograr su libertad, Uribe tendrá que pagar una caución de 30 salarios mínimos (21 millones de pesos). La decisión puede ser sin embargo apelada.
Fuente: eltiempo.com
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