La Defensoría del Pueblo nuevamente prendió las alertas por la difícil situación de orden público que viven los habitantes de San José de Uré, sur de Córdoba, ante la disputa entre estructuras armadas de los autodenominados frentes Rubén Darío Ávila, Francisco Morelos Peñate y Julio Cesar Vargas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia contra las estructuras armadas del autodenominado frente Virgilio Peralta Arenas, más conocidos como “Los Caparrapos”, en alianza con la organización armada ilegal “Los Paisas”.

La alerta temprana fue entregada al ministro del Interior, Guillermo Rivera, por Mauricio Redondo Valencia, defensor delegado para la Prevención de Violaciones a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para que se tomen las medidas pertinentes y se garantice la vida a la población civil.

Calificó de grave la situación que viven en Brazo Izquierdo, Versalles, Batatalito, La Cristalina, Flechas, Doradas y Viera Abajo, veredas Santa Lucía, San Antonio Indígena, Boca de la Danta, Boca de Tablao, Viernes Santo, Alto del Cristal, La Danta, Alto de las Flores, Alto Mira –San Pedrito, Filipo, Mano Pintada, Trapichero, San Pedrito, San Pedrito Medio, Boca de San Pedrito, La Chiquita, La Esperanza, La Cabaña, El Cerro, Raizal, San León, Aguas Lindas 1, Aguas Lindas 2, Batatal, La Ilusión, Colorado, Quinterón, Zabaleta, La Unión, La Esmeralda, La Envidia, Las Bocas, Alta Estrella, La Primavera El Pavo, Buenos Aires, El Triunfo, Mina Vieja, La Barrigona, Villavicencio y Bocas de la Cristalina.

Refiere que es igual de grave en San Antonio Arriba, Alto de la Ye, Quebrada Nueva, Quebrada Nueva Abajo, Quebradona, La Culebra, Nipororo, Las Marías, Pueblo Guapo, Viera Arriba, San Juan; la población indígena Zenú del resguardo Mayor del Alto San Jorge, comunidades: Raizal El Cerro; Aborigen, Boca de Viernes Santo, Nueva Ilusión Versalles, Nueva Vida Brazo Izquierdo, Vida Nueva El Alto Cristal, Xinitabé, Alto Don Pio, Boca de Uré, Doradas; la población indígena Embera Katío de la parcialidad Dochama, compuesta por las comunidades de Dandadó, Batatadó e Ibudó Bosque, municipio de San José de Uré.

Además indicó que como consecuencia de dicha disputa, los miembros de estos grupos armados ilegales, han venido cometiendo homicidios y amenazas en contra de líderes sociales, campesinos y étnicos y que ello genera terror en las comunidades, fragmenta su cohesión comunitaria y obliga al desplazamiento forzado como vía para eludir el riesgo.

La alerta establece que con la realización constante de estas acciones violentas, los grupos armados ilegales propician la instauración de un nuevo orden violento, que en su conjunto vulneran los derechos fundamentales de la población que allí reside e incluso infringen el Derecho Internacional Humanitario.

«En éste contexto, la población civil se encuentra expuesta a homicidios selectivos o de configuración múltiple; desplazamientos forzados; confinamientos; restricciones a la libertad de circulación; desapariciones forzadas; violencia sexual (especialmente contra mujeres, niños, niñas y jóvenes); combates con interposición de población civil; reclutamiento y/o utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; estigmatización de la población civil y en especial líderes indígenas, comunitarios y los que apoyan la política de sustitución de cultivos de coca; las autoridades indígenas que intentan administrar justicia propia», señala el informe de la Defensoría.

Advierte además que para las directivas de las Juntas de Acción Comunal y los líderes indígenas, la situación es preocupante debido a que la ubicación geográfica de sus resguardos los obliga a tener que interactuar con los actores armados ilegales.

Cronología de acciones violentas en 2018

La Defensoría del Pueblo le recordó al gobierno las acciones violentas que se han perpetrado en esa zona y que prende las alarmas de la comunidad. Dentro del listado citó el crimen del presidente de la Acción Comunal de la vereda Alto Mira San Pedrito, hecho que atribuyó a los Caparrapos.

Luego de esta incursión, hombres armados fueron casa por casa convocando a las familias a una reunión en la casa comunal, a la que debieron asistir todos los pobladores. Allí les informaron que tenían que irse porque iban a pelear el territorio. Como consecuencia de ello 143 familias integradas por 385 personas, se desplazaron masivamente hacia San José de Uré, entre ellos 25 hogares de indígenas Embera Katíos de la parcialidad Dochama.

Otra incursión de grupos al margen de la ley se dio el 18 de enero del presente año en corregimiento Versalles, donde miembros de las AGC abordaron a la líder comunitaria Diana Dorado, miembro de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba y le dieron media hora para desplazarse, de lo contrario sería asesinada.

El 31 de enero presuntos miembros de la estructura armada de “Los Caparrapos”, portando armas largas, llegaron hasta la vivienda del tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Ilusión, corregimiento Batatalito, Antonio María Vargas Madrid, y lo asesinaron delante de su familia. Luego de este hecho, 17 familias se desplazaron masivamente hacia San José de Uré.

El 18 de febrero anterior un grupo compuesto por aproximadamente 12 individuos, que portaban armas largas, ingresaron a la vereda El Cerro, donde se ubica el cabildo indígena Zenú Raizal y luego de presentarse como miembros del grupo armado ilegal Los Paisas, aunque posteriormente se supo que pertenecían a las AGC, despojaron de sus celulares a varios campesinos, advirtiéndoles que a partir de ese momento no podían salir del camino porque contaminarían el territorio con minas antipersonal.

Luego se desplazaron por la vía que conduce a la vereda La Cabaña, y, a la altura de un sitio conocido como La Capilla, fueron emboscados por miembros de Los Caparrapos, quienes dieron muerte a dos de los miembros de las AGC. Esa misma noche, un mototaxista de la localidad, fue obligado a trasladar a un herido hasta el puesto de salud de San José de Uré, mientras que los cuerpos de otros dos miembros de las AGC, fueron encontrados a un lado de la carretera donde permanecieron hasta el 20 de febrero de 2018, sin que se hubiese realizado las diligencias judiciales, debido a la existencia de un “plan pistola” dirigido por ellos contra miembros de la Policía Nacional.

El 19 de febrero miembros de Los Caparrapos y de las AGC, sostuvieron dos enfrentamientos con armas largas sobre la vía que une a los corregimientos de Versalles y Brazo Izquierdo. El primero de ellos fue a la altura de la placa huella; el segundo, se presentó horas después en un cerro ubicado en dirección a la vereda San Pedrito, del corregimiento Versalles. A raíz de estos hechos, se presentaron nuevos desplazamientos hacia la cabecera municipal de San José de Uré, pues desde las viviendas se podían apreciar los combates.

Ese mismo día, en horas de la noche, en una vivienda ubicada en la vía que comunica al corregimiento Brazo Izquierdo con el de Versalles, miembros de la guardia indígena de la parcialidad Embera Katío de Dochama, habían acudido a cargar sus celulares, y fueron abordados por individuos que vestían uniformes camuflados y portaban dos fusiles cada uno. Eran presuntos integrantes de Los Caparrapos o Frente Virgilio Peralta Arenas, quienes los interrogaron sobre la ubicación de Donaciano Majoré, gobernador indígena de la comunidad de Dandadó y Aurelio Jumí, exgobernador de la parcialidad indígena de Dochama, lo que generó terror entre los indígenas, por los recientes homicidios de líderes ocurridos recientemente en la zona y las amenazas directas de que ha sido objeto Gabriel Arturo Domicó, gobernador mayor de la parcialidad Dochama, acusado por miembros de las AGC de denunciarlos ante las autoridades.

El 22 de febrero de 2018, en horas de la mañana, fue asesinado un hombre conocido con el alias de ‘Pitufo’ en la vereda Viera Abajo, zona rural de San José de Uré, Córdoba. La comunidad indicó que al sitio llegaron hombres fuertemente armados y le quitaron la vida.

Fuente: eluniversal.com.co