Sin embargo, se negó a rendir descargos y se retiró para que hablará a su nombre su abogado de confianza, Álvaro Lyons Villalba, quien se reafirmó en esta posición.
Antes de retirarse, Lyons señaló que se le viola el derecho a la defensa al debido proceso porque se le atribuyen una serie de conductas sin motivos. Da el siguiente ejemplo y dice que la Contraloría no tiene pruebas.
Se refirió también al contralor Edgardo Maya, culpándolo de actuaciones que hacen que se encuentre ya sentenciado.
Frente a esto, W Radio conoció qué fue lo que concluyó la Contraloría después de escuchar la declaración del exgobernador Lyons.
Primero: Lo que está haciendo el exgobernador es llevando a cabo una estrategia dilatoria en lo procesal con el ánimo de alargar las audiencias y, por eso, argumenta el desconocimiento del contenido de la acusación. Lo cual resulta absurdo porque es lo que primero conoce la defensa dentro de todo el proceso.
Segundo: La investigación arranca en una auditoría que se le hace a la Gobernación de Córdoba en febrero de 2016 y va hasta mayo del mismo año. El proceso consiste en indagaciones que se hacen y todo se le comunica al gobernador de turno, que es quien tiene que ir atendiendo los requerimientos.
Y ahí surge una inquietud: en esos procesos nadie sale en la defensa del antecesor, y todas las respuestas de Edwin Besaile eran bien estructuradas defendiendo la gestión de Lyons, cuando en esa época no se conocía la relación que había entre ellos.
Para el 17 de mayo de 2017, dentro del proceso auditor aún por terminar, ya Besaile sabía el contenido de todo, y aparecen de repente unas personas a declarar bajo juramento que sí habían recibido medicamentos de hemofilia. Se hicieron en una notaría cuya notaria era la mamá de Lyons: Luz Helena Muskus García, quien renunció al año del escándalo del cartel de la hemofilia.
Antes de eso, esas mismas personas le habían dicho a la Contraloría que jamás habían estado enfermos y que nunca habían recibido medicamentos.
Tercero: La auditoría de la Contraloría terminó a finales de mayo, y el primero de junio de 2016 Lyons se presenta en la Fiscalía y pone una denuncia penal contra todos los secretarios de salud, especialmente contra todos los representantes legales de las supuestas IPS que habían atendidos a los enfermos, a la IPS Unidos por su bienestar, cuyo representante es el señor Guillermo Pérez, quien recientemente lo delató al aceptar que le dio $13.000 millones.
Fuente: wradio.com.co