A causa de los hechos violentos que se han registrado en los departamentos, más de mil personas tuvieron que desplazarse de sus territorios entre el 17 y el 20 de enero según una denuncia de la Defensoría del Pueblo. La institución advirtió que la situación más delicada se presenta en zonas como el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y en las fronteras entre los departamentos de Casanare y Boyacá.
A través de un comunicado, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mósquera, hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para que dispongan de medidas de atención para la población que está siendo víctima de desplazamientopor los hechos violentos que se han presentado en tan solo cuatro días.
El primer acontecimiento al que hizo referencia el funcionario ocurrió el pasado miércoles, 17 de enero, en el municipio de Magüi Payán (Nariño), donde se presentó un enfrentamiento entre el Eln y disidencias de las Farc, que causó el desplazamiento de unas 45 familias.
Asimismo, el Defensor del Pueblo advirtió que otro de los hechos que generó desplazamiento forzado en los últimos días se registró en San José de Uré, en Córdoba. Ahí unas 75 familias tuvieron que dejar sus tierras ante los frecuentes enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el grupo delincuencial conocido como los ‘Caparrapos’, quienes además han hecho amenazas contra la comunidad.
En el comunicado, la Defensoría del Pueblo también denuncia la desaparición del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito, en el municipio cordobés.
De otro lado, el 19 de este mes, un tercer evento provocó el desplazamiento forzado de 149 familias, entre los que se encuentran miembros del Pueblo Zenú y campesinos de algunas veredas del municipio de Cáceres, en Antioquia. Se trató de una advertencia a la comunidad por parte de hombres armados, quienes aseguraron a los pobladores que se enfrentarían contra otro grupo ilegal, proveniente de Barro Blanco, en el municipio de Tarazá, Antioquia. La Defensoría pidió a las autoridades estar atentas ante la posibilidad de desplazamiento de otras 350 familias.
Finalmente, a través del comunicado, el ente alertó sobre la situación en el municipio de Paya, Boyacá, donde se registraron enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el Eln, el pasado 20 de enero. A raíz de las confrontaciones, tres familias tuvieron que dejar sus predios.
Ese mismo día, en la vereda La Esperanza, del municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), se registró el estallido de un artefacto explosivo que se suma a las intimidaciones del Eln a miembros de esta comunidad. Por lo que la Junta Directiva del Consejo Comunitario Bajo Calima advirtió a la Defensoría sobre el riesgo de desplazamiento en el que están cinco comunidades.
Ante los hechos registrados, en menos de cuatro días, la Defensoría hace un llamado especial al Gobierno Nacional y las autoridades locales para que desplieguen medidas de atención y contingencia contra los sucesos que están generando desplazamiento en el país. El ente aseguró, a través del comunicado, que durante el mismo periodo del 2017, tan solo se registró un evento de desplazamiento masivo.
Fuente: eltiempo.com