Aunque los más de 5.000 habitantes de Córdoba, Quindío, estaban preparados para ir a las urnas este domingo, nuevamente se quedaron con la jornada electoral lista.
Pese a que hay un fallo de una acción de tutela interpuesta por el alcalde Guillermo Valencia, donde el Tribunal Administrativo del Quindío le ordenó a la Registraduría Nacional que adelantara todas las actuaciones necesarias en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el municipio de Córdoba, para garantizar la realización de la consulta popular de la localidad, esta no se pudo dar pues el Ministerio no giró los recursos.
Ante los reclamos, la Registraduría le respondió al municipio que las consultas no serán más apoyadas con recursos del Gobierno y que para llevarse a cabo estas tendrán que hacerse con dineros de la localidad o el departamento que decida ejecutarlas. Sin embargo, a pesar de que el Alcalde dijo que el municipio asumiría los gastos del proceso electoral, la jornada tampoco se pudo llevar a cabo.
Esta semana, el Tribunal del Quindío abrió un incidente de desacato contra el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con el propósito de requerirlos para que en dos días, después de notificados, cumplan con lo ordenado en el fallo de tutela.
Tras el fallo del Tribunal, se fijó como nueva fecha para la realización de la consulta el 21 de enero, pero tampoco podrá realizarse. La Registraduría advirtió que requiere de al menos una semana para coordinar la logística de la jornada.
Carlos Andrés Gómez, abogado y vocero del comité por el ‘No’ en la consulta, interpuso ante la Fiscalía una denuncia por fraude a resolución judicial y además pidió una investigación contra el ministro Cárdenas por los posibles delitos de prevaricato por acción y omisión.
Carlos Arturo López, líder cafetero del municipio, dijo que el Gobierno no gira los dineros para evitar que el municipio se pronuncie en contra de la minería. “Nosotros tenemos los recursos, pero tampoco nos deja aportarlos, y en cambio sí favorecieron la consulta liberal gastando más de 40.000 millones de pesos, violando así el debido proceso”.
Fuente: eltiempo.com