
El Consejo de Gobierno ratificará hoy el acuerdo alcanzado ayer entre la Junta y los sindicatos para elevar la jornada en la administración de 35 a 37,5 horas semanales, de las que 35 serán presenciales y se completarán con media hora diaria no presencial en formación y preparación de tareas. A este acuerdo han llegado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, con UGT, CCOO y CSIF en la Mesa General de la Función Pública, y con el que se acata la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la jornada laboral de 35 horas semanales en la administración andaluza.
En rueda de prensa tras la reunión, la consejera afirmó que no cree que el Gobierno vaya a recurrir este acuerdo, que cuando lo apruebe el Ejecutivo autonómico adquiere rango de decreto, porque la Junta ejerce sus competencias para la organización de la jornada de los empleados públicos. Los representantes sindicales consideraron que los acuerdos suponen una medida «transitoria» hasta que el Gobierno devuelva el derecho de los empleados públicos andaluces a trabajar 35 horas semanales, una medida que se aplica desde 1999 y que suspendió el Ejecutivo en el 2012 por la crisis y restituyó la Junta en el 2017.
FLEXIBILIDAD HORARIA / La consejera explicó que hasta ahora el tiempo dedicado por los empleados públicos a formación y a tareas de preparación y organización de su actividad no computaban en su jornada laboral y a partir de ahora lo harán para completar las 37,5 horas semanales y acatar de esa forma la sentencia del TC. Montero alegó que la Junta tiene competencias para organizar la jornada laboral de sus empleados públicos y defendió los beneficios que supone la flexibilidad horaria para la conciliación laboral y familiar.
Montero puso en valor el trabajo de los empleados públicos y reafirmó su confianza en la profesionalidad de este colectivo para cumplir con el trabajo no presencial frente a «subterfugios» usados por otras regiones como conceder márgenes de cortesía de media hora en el acceso al puesto de trabajo para computar las 37,5 horas. Argumentó también que el reconocimiento del trabajo no presencial ha sido una aspiración sindical que está recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público. Igualmente, Montero garantizó que no se destruirán los aproximadamente 7.000 empleos creados en el sector público andaluz desde que en enero del 2017 se restituyó la jornada laboral de 35 horas semanales ni tampoco se van a cambiar horarios ni planillas. En el ámbito sanitario, se mantendrán los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria.
DIARIOCORDOBA