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Los municipios recibirán casi cuatro millones con el Programa Extraordinario de Ayuda a Contratación de Junta

Los 75 municipios de la provincia de Córdoba se repartirán los casi cuatro millones de euros con los que Córdoba cuenta en el marco del Programa Extraordinario de Ayuda a la contratación del Decreto Ley de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el pasado viernes la relación de ayuntamientos participantes y las cuantías asignadas a cada uno de ellos. Con este plan de empleo extraordinario, según informa el Ejecutivo autonómico en una nota, se pretende realizar más de 2.800 contratos que serán gestionados por los consistorios. La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, ha subrayado que estas ayudas “permitirán favorecer la inclusión social y paliar las situaciones de necesidad derivadas de la dificultad de acceso al mercado laboral para las personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo y la atención a las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social, una prioridad absoluta de la Junta de Andalucía”. Luna ha puesto de manifiesto que este programa “refuerza el compromiso y la estrecha colaboración del Gobierno andaluz y las administraciones locales, instituciones fundamentales en el desarrollo de los servicios sociales en nuestra comunidad”. El programa de ayuda a la contratación recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses para desarrollar actividades de interés para la comunidad. Se trata de un programa dotado en la provincia con casi cuatro millones de euros y que persigue combatir las situaciones de exclusión social que, con motivo de la crisis económica, se están dando en muchos hogares andaluces. Con esta motivación en la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas de las que formen parte menores de edad, las personas con discapacidad o en situación de dependencia y a las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos a cargo.

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