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Puigdemont, en ‘The Guardian’: “Defenderemos nuestros derechos hasta el final”

Carles Puigdemont ha denunciado en un artículo en el diario británico ‘The Guardian’ la “brutal ofensiva judicial” del Estado español para “encarcelar masivamente y criminalizar a los que promueven ideas políticas”. “Defenderemos nuestros derechos hasta el final, porque hay mucho más en juego que nuestro futuro personal. Está en juego la democracia”, dice Puigdemont en el artículo.

En el texto, publicado este lunes, el expresidente lamenta los “abusos inaceptables” de la justicia española, de la que dice que “está al servicio de la agenda política” del Gobierno español. “Los casos legales contra los líderes catalanes contienen tantas irregularidades que es difícil creet que los acusados puedan contar con cualquier garantía formal”, ha indicado.

“Hay una clara falta de independencia y de neutralidad, con los vínculos entre la judicatura y el Gobierno visibles para todo el mundo”, denuncia Puigdemont. Para conseguir “justicia real”, prosigue, hace falta un “escrutinio desde el extranjero”, como el proceso abierto ahora en Bélgica.

Juicio justo
“¿Alguien cree que el Govern catalán cesado puede esperar un juicio justo e independiente, sin presiones políticas o mediáticas? Yo, no. Y por esto, más allá de continuar defendiendo la legitimidad de nuestros actos políticos, defenderemos nuestro derecho a querer la independencia de Catalunya y un modelo de sociedad en el que nadie tenga miedo del poder del Estado”, agrega.

Puigdemont reclama que “prevalga la voluntad de la mayoría de los ciudadanos” y que se respecten “los derechos fundamentales incluidos en los tratados internacionales”. “El Gobierno español, añade, ha de honrar lo que había dicho tantas veces durante los años del terrorismo: acabad con la violencia y podremos hablar de todo. Nosotros, los defensores de la independencia de Cataluña, nunca hemos optado por la violencia, al contrario. Pero ahora nos encontramos que mentían cuando dijeron que se puede hablar de todo”.

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El padre de Trias pagó en 1959 una multa de 30.000 pesetas por su dinero en Suiza

El 30 de noviembre de 1958, el delegado de la Societé de Banque Suisse, George-Laurent Rivara, fue detenido en la frontera de la Junquera portando consigo una valiosa libreta. En ella llevaba escritos los nombres, los números de cuenta y las contraseñas de cerca de 900 clientes del banco. Muchos de ellos, con domicilio en España, básicamente en Bilbao, Barcelona y Madrid. En esa larga lista, unos ‘paradise papers’ a la antigua usanza, aparecía el empresario Juan Trias Bertran, padre del exalcalde Xavier Trias, al que se identificaba con los códigos e-9, E-7 y 237.

Aquel hallazgo terminó con una multa económica para muchos de los implicados que apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 9 de marzo de 1959. No todos fueron sancionados, solo aquellos que, como dicta el propio documento, no acreditaran la “declaración oportuna de valores en el Instituto Español de Moneda Extranjera”.

En el caso de Trias, la pena impuesta fue de 30.000 pesetas por la tenencia irregular de 3.000 francos suizos. Este es el caso al que el líder del grupo municipal Demòcrata ha hecho referencia este lunes durante la rueda de prensa en la que ha vuelto negar cualquier implicación en la estructura ‘offshore’ que habría servido a la familia para ocultar dinero en cuentas en Suiza. El exalcalde ha reconocido que su padre tenía dinero en el país trasalpino. Una fortuna de la que, ha asegurado, jamás se ha beneficiado.

En aquel BOE de finales de los años 50 se detalla los nombres, apellidos y nivel de implicación de todos los presentes en la famosa libreta. Además del padre del exalcalde y también de su tío, afloran otros nombres familiares, como Florenci Pujol (padre de Jordi Pujol). Y una última curiosidad sobre ese mismo boletín: ese día se convocaba un concurso público para la construcción de viviendas para empleados del Valle de los Caídos.

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Los bomberos intervienen en el incendio de un piso en la avenida de Libia

Los bomberos han tenido que intervenir a primera hora de esta tarde en el incendio que se ha declarado en un piso en el número 63 de la avenida de Libia, al parecer por un problema eléctrico. Se trata de un primer piso habitado por dos personas mayores que han abandonado el inmueble sin problema. Durante el incendio se han visto salir llamas de las ventanas y el balcón de 3 o 4 metros de altura, según algunos testigos

Los bomberos han tenido que echar a bajo la puerta porque las ventanas eran de rejas. En un principio, según testigos, no hay heridos. Al lugar de los hechos se han desplazado seis coches patrullas de la Policía, dos camiones de bomberos y una ambulancia.

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Contrato público y social

La reforma laboral ha sufrido un revolcón parlamentario en uno de los aspectos que más polémica ha creado desde su aprobación en el 2012: la prevalencia del convenio colectivo de empresa y el descuelgue que esta puede realizar para suspender o recortar los derechos de los trabajadores. La aprobación definitiva la semana pasada, en el Congreso de los Diputados, de la ley de contratos del sector público ha supuesto una nueva puya en la legislación laboral que puso en marcha el Gobierno del PP con la excusa de la crisis económica.

La acción conjunta de los grupos del PSOE, Podemos, PDECat, ERC y PNV, así como de otros diputados del Grupo Mixto, ha permitido aunar una mayoría parlamentaria, frente a la alianza PP-Ciudadanos, que evite los recortes en las garantías laborales y salariales de los trabajadores de las empresas que, bien directamente o por medio de la subcontratación, son empleados en adjudicaciones de todas las administraciones. De esta forma se pone freno a las ofertas baratas que reducen los costes y gastos de las obras a cuenta de rebajar los salarios, método al que recurren las empresas adjudicatarias de servicios públicos ante unas administraciones con el presupuesto muy recortado. Pese a ello, el volumen de dinero que mueven los contratos de las administraciones públicas está entre el 18% y el 20% del producto interior bruto (PIB), lo que supone un buen pellizco presupuestario.

Servicios públicos ‘low cost’

En los últimos meses, la contratación low cost de servicios públicos ha dado lugar a varios conflictos, como el de los empleados de la seguridad del aeropuerto de El Prat y de los vigilantes del Ministerio de Defensa. En este último caso, los empleados de Marsegur, la adjudicataria, recibían un salario por debajo del convenio del sector que apenas superaba el salario mínimo interprofesional (SMI). El ministerio decidió rescindir la contrata.

Tras un año de debate (el proyecto de ley entró en el Congreso de los Diputados hace un año) de las numerosas enmiendas de la oposición, el texto que se remitió al Senado en septiembre contaba con el apoyo casi unánime de los grupos. Pero el PP aprovechó su mayoría absoluta en la Cámara alta para aprobar tres enmiendas para que el convenio de referencia fuera el de empresa y no el del sector.

Por estos cambios el texto tuvo que volver al Congreso de los Diputados, en donde la suma de PP y Ciudadanos no fue suficiente frente a toda la oposición (que hizo suyas las propuesta de CCOO y UGT) y se pudieron mantener las garantías de los empleados de las subcontratas.

Idoia Sagastizábal, del PNV, puso el dedo en la llaga al señalar que la intención de los populares al hablar en sus enmiendas de los «convenios de referencia» era la de imponer los pactos de empresa, que en ocasiones «se han hecho para, después de un descuelgue, reducir de manera importante condiciones laborales».

En el lado contrario, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Navarro, admitió el varapalo para la reforma laboral: «Estamos de acuerdo en sentarnos para estudiar todas las reformas de la legislación laboral que sean necesarias, pero no a cambiarla por la puerta de atrás».

CCOO y UGT saludaron estas garantías para evitar «propuestas de bajas temerarias» incluidas en la normativa para las licitaciones públicas y así obligar a los órganos de contratación de las administraciones a excluir aquellas ofertas que son «anormalmente» bajas.

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Puigdemont y los cuatro ‘exconsellers’ se presentan en una comisaría en Bruselas

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro ‘exconsellers’ que le acompañan en Bruselas se han presentado este domingo a declarar en una comisaría de Bruselas. Con esta decisión, quieren evitar que la Fiscalía de Bruselas ordene sus detenciones antes de designar a un juez de instrucción que les tome declaración para decidir sobre sus euroórdenes, han dicho a Efe fuentes del Ministerio Público.

“Desde el momento que sean privados de libertad, podrán comparecer ante un juez”, explicó la Fiscalía, que precisó que está en contacto con los abogados de Puigdemont y de los cuatro exmiembros del exgobierno autonómico desplazados a Bélgica: Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).

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Catalunya en Comú tiende la mano a Podem

La coordinadora nacional de Catalunya en Comú ha decidido concurrir a las elecciones del 21-D con Xavier Domènech al frente. Asimismo, tienden la mano a Podem porque “en un momento tan delicado hacen falta más que nunca alianzas amplias”, siempre que los inscritos de esta formación resuelvan sumarse en su consulta. Si así lo fuera, el nombre de la candidatura sería En Comú Podem -Catalunya en Comú.

La portavoz de la formación, Elisenda Alamany, ha insistido en que “no serán unas elecciones normales” y en que “sería imprudente que cualquier fuerza política las asumiera con normalidad”. Ante esto, ha erigido a su partido como “un proyecto para pasar página de viejos bloques hacia nuevos consensos de país” y ha señalado, como ya avanzaron, que suscriben la propuesta de Domènech de incluir dos puntos compartidos en los programas de todas las fuerzas “democráticas”, como serían la amnistía para los ‘Jordis’ (Cuixart y Sánchez) y la revocación del articulo 155 de la Constitución en Catalunya.

Rechazo a la lista unitaria
Los ‘comuns’ ponen énfasis en que Catalunya “ha estado sometida a demasiados plebiscitos” y a “hojas de ruta que solo han llevado a la frustración del país”. Así, rechazan su participación en una lista unitaria porque “despolitizan de nuevo el conflicto entre Catalunya y el Gobierno del PP” y señalan que “sólo han servido para dar continuidad a políticas de recortes pilotadas por [la extinta] Convergència”.

El eje central de su propuesta para los comicios autonómicos pasa por “situar la agenda constituyente ampliamente compartida en el país que no se encuentra sobre la mesa” y no renuncian a los valores que ratificaron en defensa de la República catalana aunque señalan que Catalunya “debe moverse más allá de los simbolismos y de los gestos de afirmación nacional”.

Por el momento, la formación ha dejado claro que tampoco valora ningún pacto postelectoral. Eso sí, se han “alegrado” de que ERC no renuncie a un referéndum pactado, porque los ‘comuns’ “fueron con esa bandera al Congreso cuando ERC y PDECat ya la habían abandonado”. “Sigue siendo un objetivo a largo plazo”, ha zanjado Alamany.

Paso al frente de Domènech
“Agradecemos profundamente el paso adelante de Xavier Domènech porque creemos que no solo representa la transversalidad de todo nuestro espacio, sino también del catalanismo político”, ha aseverado la portavoz, y ha insistido en que es el “mejor candidato” para representar el “espíritu” de los ‘comuns’ y “aportar soluciones” a la encrucijada que vive Catalunya.

Sobre el resto de miembros de la lista, Alamany ha pedido “respetar los procesos internos” aunque ha sugerido que aparecerán en primera línea “nuevas caras que aporten aire fresco y que apeles a grandes mayorías de país”.

Los ‘comuns’ también han enviado un “mensaje de solidaridad a los querellados y a Puigdemont” y han asegurado que es el “Govern legítimo porque surge de la voluntad del pueblo de Catalunya”. “No ha habido ningún indicio de los delitos que se les imputan. Estamos ante la persecución de unas ideas políticas”, ha aseverado su portavoz.

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La Constitución impide ilegalizar a los partidos independentistas

En medio de la conmoción que ha causado el encarcarcelamiento de buena parte del Govern, la Fiscalía General del Estado recibió el viernes una denuncia para ilegalizar a la CUP por apoyar el 1-O y “propiciar la violencia para alcanzar sus objetivos”. El ministerio público archivó la querella, pero algunos sectores del PP sí consideran que la solución al conflicto territorial pasa por dejar fuera de la arena política a los secesionistas, con el argumento de que defienden postulados contrarios a la unidad de España y al ordenamiento jurídico.

El primero en proponerlo, “a título personal”, poco antes de que Mariano Rajoy convocara elecciones autonomicas el 21 de diciembre, fue el vicesecretario de comunicación del partido conservador, Pablo Casado. El líder del PPC, Xavier García Albiol, recogió el guante, precisando que solo prohibiría los “programas electorales” independentistas y no los partidos, a través de una reforma de la ley electoral.

Pero sus planteamientos chocan frontalmente con la legislación actual, hasta el punto de que tanto el Gobierno como la dirección del PP se han desmarcado de sus postulados y de forma oficial nadie ha expresado dudas de que ERC, el PDECat o la CUP concurran a los próximos comicios.

La pluralidad
Tanto la Constitución como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) dejan claro que España no es una democracia de las llamadas “militantes”, al estilo alemán, que prohíbe los partidos contrarios a la democracia, por su experiencia con el nazismo. La ley fundamental española defiende la pluralidad política y la legislación que emana de ella establece que solo se pueden prohibir comportamientos o actividades que, por medios violentos o antidemocráticos, vulneren la ley de leyes. Además, se requiere que los hechos sean graves, continuados y sistemáticos. Con esta doctrina, Batasuna fue ilegalizada por “dar apoyo explicito o tácito al terrorismo”, según recuerda Francesc Vallès, profesor de Derecho Constitucional.

“Ser independentista o republicano siempre que se defienda a través de los procedimientos democráticos y parlamentarios es plenamente constitucional, puesto que no se está atentando contra los derechos y libertades, ni contra los valores constitucionales, ni contra la democracia, sino que significa una apuesta por una forma de gobierno y una estructura territorial distinta, pero plenamente democrática, como existe en otros países”, añade el profesor de la Universitat Autònoma.

Para ilegalizar a los secesionistas no solo habría que modificar la ley de partidos, fórmula propuesta por Casado, sino reformar la propia Constitución.

Los posibles frenos
Aunque el PP se viera tentado a dar ese paso, aprovechando la comisión impulsada por el PSOE en el Congreso, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el “mantenimiento” y no la prohibición de las formaciones políticas, según advierte Mercedes Iglesias Bárez, autora del libro ‘La ilegalización de partidos en el ordenamiento español’.

El Constitucional alemán ha interpretado restrictivamente la Constitución del país y solo permitió la prohibición de los partidos comunista y nazi en la década de los cincuenta. En la actualidad en Baviera existe una formación independentista legal, aunque su apoyo electoral es escaso.

El ejemplo de Francia
El caso francés es similar, y en los años ochenta las prohibiciones se han circunscrito a organizaciones terroristas como Iparretarrak o A Ricorsa. Pero en la actualidad es legal Corsica Libera, que defiende la secesión de Córcega, según documenta Agustín Ruiz Robledo, profesor de la Universidad de Granada.

Por todo ello, en opinión de Iglesias Bárez, solo si el comportamiento de los secesionistas fuera “violento o de continuación de las actuaciones antidemocráticas”, el escenario “sería otro y se podría iniciar el proceso de ilegalización”.

El modelo del 78
El penalista Joan Queralt opina, en cambio, que si el PP se empeña en el cambio (“es la única manera que pueden intentar para ganar las elecciones en Catalunya” sostiene) lo hará sin preocuparle “si es democrático o no”. El problema, lamenta, es que “el movimiento independentista ni es un suflé, ni es la bandera cubre-corrupción: es una clase media, que ve que España no responde adecuadamente a sus necesidades y ha percibido, antes que otros, que el modelo del 78 ya no sirve y está agotado”. Por todo ello, concluye Queralt, catedrático de la Universitat de Barcelona, “creer que el enfoque aplicado ante otras situaciones, es decir, represivo sin más, va a solventar algo demuestra por enésima vez que no se conoce la realidad ni la dimensión del problema”.

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Las precipitaciones dejan 30,6 litros de agua en dos días en Córdoba

Las precipitaciones registradas ayer y hoy en Córdoba han dejado 30,6 litros de agua por metro cuadrado, de acuerdo con el resumen publicado por la Agencia Estatal de Meteorología para la estación del aeropuerto.

Pese a ser una buena noticia por sus efectos positivos para el campo, hay que destacar que la lluvia recibida desde el inicio del año agrícola, que tuvo lugar el pasado 1 de septiembre, suma 61,5 litros por metro cuadrado en Córdoba capital, un dato que se encuentra 52,3 litros por debajo de lo normal.

La Aemet indica que no hay probabilidades de recibir más precipitaciones hasta los próximos jueves y viernes, cuando estas serán solo de un 5%. Por otra parte, las temperaturas máximas descenderán hasta 19 grados centígrados, situándose en la media para el mes de noviembre, y las mínimas bajarán a 6 grados durante esta semana.

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El primer ministro libanés dimite porque teme por su vida

El primer ministro del Líbano, Saad Hariri, ha dimitido el sábado por sorpresa y, en un discurso televisado desde Arabia Saudí, ha denunciado que se preparaba un atentado contra su vida, a la vez que ha criticado la injerencia de Irán en su país y en el mundo árabe.

Hariri, quien ocupaba el cargo desde el pasado diciembre, ha asegurado que Líbano vive un clima “similar” al del año 2005 en los días previos al asesinato de su padre, el entonces primer ministro Rafic Hariri, quien murió en un atentado por el que están siendo juzgados cinco miembros del grupo chií Hizbulá en el Tribunal Especial para Líbano.

“Se que se está confabulando en secreto contra mi vida”, ha dicho Hariri en el discurso, emitido por la cadena de televisión Al Arabiya, sin aclarar quién está detrás de esa supuesta conspiración. El canal saudí informó de que las fuerzas de seguridad libanesas frustraron hace unos días un atentado contra Hariri en Beirut y reveló, sin identificar sus fuentes, que los autores del complot desconectaron las cámaras de las torres de vigilancia que había en la ruta por donde iba a pasar la comitiva oficial.

Críticas a Hizbulá
En su mensaje de renuncia, el primer ministro fue muy crítico con Hizbulá, formación a la que acusó de hacerse valer de sus armas para imponer su política en Líbano y Siria, donde el grupo chií apoya militarmente al presidente Bachar al Asad.

Su dimisión abre un interrogante sobre la continuidad de la coalición de Gobierno, formada por partidos de todo el arco parlamentario, desde grupos antisirios, como el Movimiento 14 de Marzo que lidera Hariri, hasta el propio Hizbulá. La formación de ese Gabinete de unidad fue fruto de un acuerdo que sirvió para poner fin a dos años de vacío en la jefatura del Estado y que condujo a Michel Aoun a la presidencia en noviembre de 2016.

Hariri también ha criticado con dureza a Irán por su “injerencia” en la política libanesa, donde apadrina a Hizbulá, y toda la región árabe y auguró que los libaneses conseguirán “vencer el tutelaje interno y externo” con la fuerza de su “determinación”.

Irán acusa a Hariri de querer desestabilizar Oriente Medio
Irán ha rechazado las acusaciones de injerencia iraní en Líbano pronunciadas por el ya exprimer ministro libanés, Saad Hariri, y ha denunciado que su renuncia al cargo es parte de un plan para desestabilizar Oriente Medio.
“La repetición por el primer ministro libanés de las acusaciones absurdas e infundadas de los sionistas, saudís y estadounidenses contra Irán muestra que su renuncia es un nuevo plan para crear tensiones en Líbano y en la región”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Bahram Qasemí.

El portavoz insistió en un comunicado en que Irán “siempre ha respetado la independencia y la estabilidad” de Líbano y expresó su esperanza de que “el pueblo resistente de Líbano superará esta etapa con facilidad”.

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La Constitución impide ilegalizar a los partidos independentistas

En medio de la conmoción que ha causado el encarcarcelamiento de buena parte del Govern, la Fiscalía General del Estado recibió el viernes una denuncia para ilegalizar a la CUP por apoyar el 1-O y “propiciar la violencia para alcanzar sus objetivos”. El ministerio público archivó la querella, pero algunos sectores del PP sí consideran que la solución al conflicto territorial pasa por dejar fuera de la arena política a los secesionistas, con el argumento de que defienden postulados contrarios a la unidad de España y al ordenamiento jurídico.

El primero en proponerlo, “a título personal”, poco antes de que Mariano Rajoy convocara elecciones autonomicas el 21 de diciembre, fue el vicesecretario de comunicación del partido conservador, Pablo Casado. El líder del PPC, Xavier García Albiol, recogió el guante, precisando que solo prohibiría los “programas electorales” independentistas y no los partidos, a través de una reforma de la ley electoral.

Pero sus planteamientos chocan frontalmente con la legislación actual, hasta el punto de que tanto el Gobierno como la dirección del PP se han desmarcado de sus postulados y de forma oficial nadie ha expresado dudas de que ERC, el PDECat o la CUP concurran a los próximos comicios.

La pluralidad
Tanto la Constitución como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) dejan claro que España no es una democracia de las llamadas “militantes”, al estilo alemán, que prohíbe los partidos contrarios a la democracia, por su experiencia con el nazismo. La ley fundamental española defiende la pluralidad política y la legislación que emana de ella establece que solo se pueden prohibir comportamientos o actividades que, por medios violentos o antidemocráticos, vulneren la ley de leyes. Además, se requiere que los hechos sean graves, continuados y sistemáticos. Con esta doctrina, Batasuna fue ilegalizada por “dar apoyo explicito o tácito al terrorismo”, según recuerda Francesc Vallès, profesor de Derecho Constitucional.

“Ser independentista o republicano siempre que se defienda a través de los procedimientos democráticos y parlamentarios es plenamente constitucional, puesto que no se está atentando contra los derechos y libertades, ni contra los valores constitucionales, ni contra la democracia, sino que significa una apuesta por una forma de gobierno y una estructura territorial distinta, pero plenamente democrática, como existe en otros países”, añade el profesor de la Universitat Autònoma.

Para ilegalizar a los secesionistas no solo habría que modificar la ley de partidos, fórmula propuesta por Casado, sino reformar la propia Constitución.

Los posibles frenos
Aunque el PP se viera tentado a dar ese paso, aprovechando la comisión impulsada por el PSOE en el Congreso, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el “mantenimiento” y no la prohibición de las formaciones políticas, según advierte Mercedes Iglesias Bárez, autora del libro ‘La ilegalización de partidos en el ordenamiento español’.

El Constitucional alemán ha interpretado restrictivamente la Constitución del país y solo permitió la prohibición de los partidos comunista y nazi en la década de los cincuenta. En la actualidad en Baviera existe una formación independentista legal, aunque su apoyo electoral es escaso.

El ejemplo de Francia
El caso francés es similar, y en los años ochenta las prohibiciones se han circunscrito a organizaciones terroristas como Iparretarrak o A Ricorsa. Pero en la actualidad es legal Corsica Libera, que defiende la secesión de Córcega, según documenta Agustín Ruiz Robledo, profesor de la Universidad de Granada.

Por todo ello, en opinión de Iglesias Bárez, solo si el comportamiento de los secesionistas fuera “violento o de continuación de las actuaciones antidemocráticas”, el escenario “sería otro y se podría iniciar el proceso de ilegalización”.

El modelo del 78
El penalista Joan Queralt opina, en cambio, que si el PP se empeña en el cambio (“es la única manera que pueden intentar para ganar las elecciones en Catalunya” sostiene) lo hará sin preocuparle “si es democrático o no”. El problema, lamenta, es que “el movimiento independentista ni es un suflé, ni es la bandera cubre-corrupción: es una clase media, que ve que España no responde adecuadamente a sus necesidades y ha percibido, antes que otros, que el modelo del 78 ya no sirve y está agotado”. Por todo ello, concluye Queralt, catedrático de la Universitat de Barcelona, “creer que el enfoque aplicado ante otras situaciones, es decir, represivo sin más, va a solventar algo demuestra por enésima vez que no se conoce la realidad ni la dimensión del problema”.

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