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El tribunal estudia que el juicio por la violación de San Fermín sea a puerta abierta

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, que juzga desde el lunes a cinco jóvenes acusados de una violación grupal a una chica en las fiestas de San Fermín del 2016, estudia que las sesiones que restan de este juicio se celebren a puerta abierta.

Así lo ha indicado a los periodistas el abogado José Javier Echeverría, que junto a Agustín Martínez Becerra, defiende a tres de los cinco acusados.

En la sesión de este jueves, el tribunal ha preguntado a las partes su posición sobre la posibilidad de que la exposición de los informes finales se celebre a puerta abierta, ante lo que todos los personados en la causa han manifestado su acuerdo.

ACABA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE

Tras esta solicitud, Martínez Becerra ha pedido que también sean a puerta abierta las sesiones que restan del juicio, que está previsto que acabe el próximo 24 de noviembre, viernes.

En la sesión, según ha explicado Echeverría y a raíz de un comunicado emitido ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) en relación a un informe elaborado por detectives privados sobre publicaciones de la joven en redes sociales, un abogado de la defensa ha pedido explicaciones por la nota remitida a los medios de comunicación.

Martínez Becerra, según la misma fuente, ha dicho que ya que se han emitido comunicados desde el ente judicial, “no tiene sentido” que el juicio se siga desarrollando a puerta cerrada.

A su petición, se han opuesto los abogados de la joven madrileña y el abogado de uno de los acusados.

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La Constitución impide ilegalizar a los partidos independentistas

En medio de la conmoción que ha causado el encarcarcelamiento de buena parte del Govern, la Fiscalía General del Estado recibió el viernes una denuncia para ilegalizar a la CUP por apoyar el 1-O y “propiciar la violencia para alcanzar sus objetivos”. El ministerio público archivó la querella, pero algunos sectores del PP sí consideran que la solución al conflicto territorial pasa por dejar fuera de la arena política a los secesionistas, con el argumento de que defienden postulados contrarios a la unidad de España y al ordenamiento jurídico.

El primero en proponerlo, “a título personal”, poco antes de que Mariano Rajoy convocara elecciones autonomicas el 21 de diciembre, fue el vicesecretario de comunicación del partido conservador, Pablo Casado. El líder del PPC, Xavier García Albiol, recogió el guante, precisando que solo prohibiría los “programas electorales” independentistas y no los partidos, a través de una reforma de la ley electoral.

Pero sus planteamientos chocan frontalmente con la legislación actual, hasta el punto de que tanto el Gobierno como la dirección del PP se han desmarcado de sus postulados y de forma oficial nadie ha expresado dudas de que ERC, el PDECat o la CUP concurran a los próximos comicios.

La pluralidad
Tanto la Constitución como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) dejan claro que España no es una democracia de las llamadas “militantes”, al estilo alemán, que prohíbe los partidos contrarios a la democracia, por su experiencia con el nazismo. La ley fundamental española defiende la pluralidad política y la legislación que emana de ella establece que solo se pueden prohibir comportamientos o actividades que, por medios violentos o antidemocráticos, vulneren la ley de leyes. Además, se requiere que los hechos sean graves, continuados y sistemáticos. Con esta doctrina, Batasuna fue ilegalizada por “dar apoyo explicito o tácito al terrorismo”, según recuerda Francesc Vallès, profesor de Derecho Constitucional.

“Ser independentista o republicano siempre que se defienda a través de los procedimientos democráticos y parlamentarios es plenamente constitucional, puesto que no se está atentando contra los derechos y libertades, ni contra los valores constitucionales, ni contra la democracia, sino que significa una apuesta por una forma de gobierno y una estructura territorial distinta, pero plenamente democrática, como existe en otros países”, añade el profesor de la Universitat Autònoma.

Para ilegalizar a los secesionistas no solo habría que modificar la ley de partidos, fórmula propuesta por Casado, sino reformar la propia Constitución.

Los posibles frenos
Aunque el PP se viera tentado a dar ese paso, aprovechando la comisión impulsada por el PSOE en el Congreso, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el “mantenimiento” y no la prohibición de las formaciones políticas, según advierte Mercedes Iglesias Bárez, autora del libro ‘La ilegalización de partidos en el ordenamiento español’.

El Constitucional alemán ha interpretado restrictivamente la Constitución del país y solo permitió la prohibición de los partidos comunista y nazi en la década de los cincuenta. En la actualidad en Baviera existe una formación independentista legal, aunque su apoyo electoral es escaso.

El ejemplo de Francia
El caso francés es similar, y en los años ochenta las prohibiciones se han circunscrito a organizaciones terroristas como Iparretarrak o A Ricorsa. Pero en la actualidad es legal Corsica Libera, que defiende la secesión de Córcega, según documenta Agustín Ruiz Robledo, profesor de la Universidad de Granada.

Por todo ello, en opinión de Iglesias Bárez, solo si el comportamiento de los secesionistas fuera “violento o de continuación de las actuaciones antidemocráticas”, el escenario “sería otro y se podría iniciar el proceso de ilegalización”.

El modelo del 78
El penalista Joan Queralt opina, en cambio, que si el PP se empeña en el cambio (“es la única manera que pueden intentar para ganar las elecciones en Catalunya” sostiene) lo hará sin preocuparle “si es democrático o no”. El problema, lamenta, es que “el movimiento independentista ni es un suflé, ni es la bandera cubre-corrupción: es una clase media, que ve que España no responde adecuadamente a sus necesidades y ha percibido, antes que otros, que el modelo del 78 ya no sirve y está agotado”. Por todo ello, concluye Queralt, catedrático de la Universitat de Barcelona, “creer que el enfoque aplicado ante otras situaciones, es decir, represivo sin más, va a solventar algo demuestra por enésima vez que no se conoce la realidad ni la dimensión del problema”.

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Podemos avisa de posibles acciones legales contra la segunda puerta de la Mezquita-Catedral

El coordinador municipal de Podemos, Jorge Hidalgo, se ha pronunciado este viernes en relación a las declaraciones del Cabildo, en las que anunciaba cambios de gran calado en el proyecto de la segunda puerta de la Mezquita. Sobre ello, el portavoz de la formación morada ha exigido al Ayuntamiento que “al menos haga cumplir el proyecto original, que nunca se debió consentir, para minimizar el impacto sobre este bien Patrimonio de la Humanidad”.

Hidalgo ha recordado que “el Consistorio tiene la obligación de ejercer la tutela sobre la obra para la que otorgó una licencia que se dio incluso en contra del criterio de ICOMOS España”, y ha advertido que “de consentir cambios no incluidos en el proyecto original para el que se concedieron los permisos, podrían estar incurriendo en un posible delito de prevaricación”.

En este sentido, el coordinador de Podemos ha sido muy tajante al afirmar que si el Ayuntamiento “permite que el Cabildo incumpla el proyecto original”, recurrirán a la vía judicial si fuera necesario, “para garantizar que se preserva la identidad que ha hecho a la Mezquita un conjunto patrimonial de talla mundial”.

Asimismo, Hidalgo también se ha pronunciado sobre las intenciones del Cabildo de retirar el resto de celosías del muro norte. Sobre ello, ha denunciado que “el obispo no ceja en su empeño de atentar contra la naturaleza de este bien protegido, para reafirmar sus pretensiones sobre la Mezquita, después de una vergonzosa inmatriculación completamente ilegítima“.

A VUELTAS CON EL EMPLEO

El coordinador municipal de Podemos ha aprovechado la ocasión para criticar la gestión del Ayuntamiento en “la chapuza de los centros cívicos”, según sus palabras. En este sentido, ha lamentado que “la incapacidad que viene demostrando el Consistorio que encabeza Isabel Ambrosio en la gestión cotidiana de la administración local vuelva a ir en detrimento del empleo y de la calidad de los servicios públicos”.

Asimismo, ha añadido que el Ayuntamiento “debería haber tenido un mínimo de previsión, y en ningún caso, haber puesto en peligro 32 puestos de trabajo, como al final ha hecho”, en alusión a los auxiliares administrativos de la oficina de atención ciudadana que han perdido su empleo, y que suponían más de la mitad de la plantilla. Esta situación ha obligado a suspender este servicio en los siete centros cívicos de la ciudad, “lo que provocará el previsible colapso de las oficinas centrales de Gran Capitán”, ha apostillado Hidalgo.

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