Juicio

Category Archive Juicio

El tribunal estudia que el juicio por la violación de San Fermín sea a puerta abierta

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, que juzga desde el lunes a cinco jóvenes acusados de una violación grupal a una chica en las fiestas de San Fermín del 2016, estudia que las sesiones que restan de este juicio se celebren a puerta abierta.

Así lo ha indicado a los periodistas el abogado José Javier Echeverría, que junto a Agustín Martínez Becerra, defiende a tres de los cinco acusados.

En la sesión de este jueves, el tribunal ha preguntado a las partes su posición sobre la posibilidad de que la exposición de los informes finales se celebre a puerta abierta, ante lo que todos los personados en la causa han manifestado su acuerdo.

ACABA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE

Tras esta solicitud, Martínez Becerra ha pedido que también sean a puerta abierta las sesiones que restan del juicio, que está previsto que acabe el próximo 24 de noviembre, viernes.

En la sesión, según ha explicado Echeverría y a raíz de un comunicado emitido ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) en relación a un informe elaborado por detectives privados sobre publicaciones de la joven en redes sociales, un abogado de la defensa ha pedido explicaciones por la nota remitida a los medios de comunicación.

Martínez Becerra, según la misma fuente, ha dicho que ya que se han emitido comunicados desde el ente judicial, “no tiene sentido” que el juicio se siga desarrollando a puerta cerrada.

A su petición, se han opuesto los abogados de la joven madrileña y el abogado de uno de los acusados.

DIARIOCORDOBA

Detenido por orden de la Audiencia Nacional el excomisario José Manuel Villarejo

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tiene entre manos otra causa que dará que hablar. Investiga a una organización criminal encargada de reintroducir en España y otros países de la Unión Europea a personas y fondos ilícitos vinculadas a la corrupción internacional en los negocios por la que se ha detenido, entre otros, al excomisario José Manuel Villarejo.

Villarejo, celebre por su presunta vinculación con la “operación Cataluña” que se destapó en la llamada guerra de comisarios que protagonizó con su compañero Marcelino Martín-Blas, comparecerá ante la magistrada como imputado por los delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y delitos contra los derechos de los ciudadanos no comunitarios en España.

Los arrestos se han desarrollado en la operación Tándem, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos, bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 6, que se ha ocupado como refuerzo del 3, ya que Lamela se encontraba este jueves tomando declaración al depuesto Govern.

En total se cuenta con seis detenciones (una de ellas la del excomisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca) y más de una decena de registros en domicilios y sedes de empresas en Madrid, Málaga y Valencia.

Según ha informado Anticorrupción, los dos comisarios de policía “prevaliéndose de las funciones propias de sus respectivos cargos, especialmente sensibles para la seguridad nacional, habrían recibido elevadas sumas de dinero, así como regalos diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español”.

Incurso en otros procesos
El veterano policía ha estado inmerso en la denominada ‘guerra de comisarios’, destapada a raíz del ‘caso del pequeño Nicolás’, y fue imputado en la causa abierta por el ‘pendrive’ de origen dudoso introducido en el ‘caso Pujol’.

Está también implicado en la causa que investiga al empresario Javier López Madrid por supuestamente acosar a la doctora Elisa Pinto, quien le identificó en una rueda de reconocimiento como la persona que la apuñaló el 10 de enero de 2014. El Ministerio del Interior llegó a indagar el entramado empresarial millonario de Villarejo, aunque finalmente sin consecuencias para él.

Hace apenas dos semanas, Asuntos Internos desmanteló una trama de corrupción integrada por ocho funcionarios policiales y de la Dirección General de Tráfico (DGT) que favorecían a empresarios mediante adjudicaciones a cambio de favores y beneficios personales.

DIARIOCORDOBA

Tribunales.- Juzgarán en diciembre a los seis acusados por supuestas irregularidades en subvenciones a la Fibic

Según han confirmado fuentes del caso, la celebración de la vista oral se ha previsto por el momento de los días 11 al 15 de dicho mes de diciembre. La Fiscalía malagueña solicitó tres años de prisión para el exsecretario general de Universidades, Investigación y Tecnología, para el director del PTA y para otras cuatro personas, al acusarlos de un delito contra la Hacienda Pública de fraude de subvenciones. Además de la pena de cárcel, pidió a cada uno el pago de una multa de 2,5 millones de euros y como responsabilidad civil, que indemnicen a la Junta de Andalucía con esa cantidad. Los otros acusados son el exrector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Juan Manuel Suárez Japón, y tres personas vinculadas a la fundación o a la tramitación de las subvenciones, según el escrito provisional del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press. La fundación se constituyó en 2007 y, con la finalidad específica de construir en unos terrenos del PTA dicho centro, recibió varias ayudas públicas tanto del Ministerio como de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía. La adjudicación de la construcción del edificio se produjo en diciembre de 2008. En 2010, según la acusación pública, la Intervención General del Estado realizó un informe financiero sobre la certificación de gastos relativa al Cibic, en el que proponía descertificar el importe de ayudas. El fiscal dice que debido a la “grave situación” económica que tenía la fundación por dichos expedientes, unido a la paralización de las obras por la constructora, en una reunión del patronato, en septiembre de 2011, constituida por el presidente Felipe Romera, el vicepresidente Francisco Triguero, y el vocal Juan Manuel Suárez Japón, acordaron solicitar a la Junta una subvención excepcional de 11,5 millones de euros. El ministerio público señala que parte se destinaría al pago de los reintegros y 4,9 millones a terminar parcialmente el edificio y otros aspectos. Una de las acusadas, tesorera de la fundación, remitió la solicitud, “sin que hiciera mención alguna a lo acordado de destinar parte a pagar los reintegros”. Esa solicitud, indica el fiscal, tenía que ser tramitada por la Secretaría General de Universidades “de la que Francisco Triguero era secretario general”, encargándose los otros dos acusados de ello, que eran personal de la Consejería y que mantuvieron “un estrecho contacto” con la tesorera. Al respecto, dice la Fiscalía, le remitieron un correo con modificaciones en la solicitud, por ejemplo retirando la mención a otras subvenciones ya obtenidas, “única manera de que la Intervención informara favorablemente a dicha subvención excepcional”. No obstante, el informe de la Consejería de Economía fue de disconformidad. Ante esto, indica el ministerio público en sus conclusiones iniciales, en diciembre de 2011, la fundación decidió renunciar a la subvención reglada, “de la que ya había percibido 2,5 millones de euros”, lo que fue aceptado por resolución de Triguero, acordándose la devolución de la cantidad cobrada, solicitando en esa misma fecha una subvención excepcional, esta vez de 15,5 millones de euros, “volviendo a omitir” datos de otras ayudas. Según el fiscal, “esta omisión fue fundamental para la resolución dictada por la Intervención”, que en enero de 2012 emitió informe de conformidad, lo que “permitió se dictara resolución de concesión de dicha subvención, tras autorizarse el gasto en Consejo de Gobierno, por el secretario general de Universidades, Francisco Triguero”. Asimismo, se añade que si la Intervención hubiera sabido de otras ayudas “habría emitido informe de disconformidad” por vulneración de la normativa que prohíbe que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia, supere el coste de la actividad; y en este caso, reseña la acusación, la subvención solicitada de 15,5 millones, junto a otras supondrían 19,4 millones de euros que “sobrepasa” el total de ejecución del proyecto que era 16,9 millones.

20MINUTOS

“Estamos tranquilos y demostraremos que en el ‘Happy’ Lora no se perdió un centavo”: Pineda

El alcalde de los monterianos dijo que confía en que todo se aclare “y que saldremos satisfechos en este proceso”.

El alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, hablando también a nombre del ex mandatario de esta misma ciudad y ex consejero presidencial para las regiones, Carlos Eduardo Correa, dijo que están tranquilos frente al llamado a juicio por parte de la Fiscalía, para que respondan por su presunta responsabilidad en supuestos malos manejos de los recursos con los que se reconstruyó el coliseo Miguel ‘Happy’ Lora de esta ciudad.

“Frente al tema del coliseo estamos muy tranquilos, confiados en Dios, en la justicia donde demostraremos nuestra inocencia y demostraremos que en el ‘Happy’ Lora no se perdió un solo centavo, que la obra se hizo bien y que los problemas que hubo en tiempos fueron de diseños, los cuales no hizo la Alcaldía de Montería, en un escenario que tampoco es de la municipalidad sino del Departamento, todo eso lo demostraremos en las distintas audiencia que tendrá el curso de la investigación”, expresó Pineda.

El alcalde de los monterianos dijo que confía en que todo se aclare “y que saldremos satisfechos en este proceso”, tras insistir en que le ha pedido varias veces a la Gobernación que le entregue el escenario deportivo en comodato para que sea la Alcaldía quien lo administre y le dé mejor dinamismo.

“He recibido buenas noticias en el sentido de que existe la voluntad por parte de la Gobernación para entregarnos el coliseo en comodato”, precisó Pineda.

Este miércoles se confirmó que la Fiscalía presentó escrito de acusación contra Pineda y Correa, a quienes a finales del pasado mes de junio les imputaron cargos por contrato sin cumplimiento de los requisitos, falsedad ideológica en  documento público y peculado a favor de terceros. Sin embargo, la jueza 40 de control de garantías de Bogotá negó la solicitud de medida de aseguramiento que había hecho la Fiscalía 92 Anticorrupción.

Pineda confirmó que a partir de las 2:00 p.m., de este jueves en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, su abogado lo asistiría en una audiencia de apelación de la Fiscalía,  frente a la decisión de la jueza 40 de no imponer medida de aseguramiento.

Los hechos en los que están inmersos el alcalde y el ex alcalde de Montería, tienen que ver con supuestos sobrecostos y anomalías en la ejecución de convenios por 12.500 millones de pesos para la remodelación del ‘Happ’ Lora, uno de ellos, del 30 de diciembre de 2011 celebrado entre la Gobernación y el municipio de Montería; y el segundo, celebrado el 25 de junio de 2012, entre el municipio y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social.

La obra debió ser entregada en noviembre de 2012, pero solo fue posible en el primer semestre de este 2017, con algunas “variaciones en los diseños”, según lo ha advertido la Fiscalía