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Tribunales.- Fiscalía y Abogacía del Estado piden que Rafael Gómez ingrese ya en prisión

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales y ha adelantado el diario ‘ABC’, que han detallado que ambas partes se han opuesto a la suspensión de la ejecución de la pena de prisión que Rafael Gómez había solicitado al Juzgado hasta que se resuelva su petición de indulto por parte del Consejo de Ministros.

Al respecto, los informes de alegaciones, que se remiten al Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, alegan que “no hay circunstancias excepcionales” que indiquen que deba suspenderse la pena hasta que se concrete o no la medida de gracia.

En concreto, el informe realizado por la Abogacía del Estado remarca que “la ley que regula el indulto prevé que la solicitud de la medida de gracia no suspende la ejecución de la sanción, máxime tratándose de una pena de prisión de más de cinco años de duración”. En segundo lugar, “dada las características” y envergadura del delito fiscal, “no es previsible que se le conceda el indulto solicitado al Gobierno”.

Por su parte, el informe de alegaciones del Ministerio Público recoge que “no concurre ninguna excepcionalidad” que indique que debe ser concedida esa suspensión de la pena hasta que se resuelva el indulto.

Una vez recibido dichos informes en el Juzgado, el magistrado decidirá si se suspende o no el ingreso en prisión, algo que “se produciría en próximos días”, según las fuentes judiciales, todo ello también tras el recurso de amparo que presentó al Tribunal Constitucional (TC).

PENA “BENIGNA”

En este sentido, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba desestimó en julio los recursos presentados por la Fiscalía, la Agencia Estatal Tributaria y Rafael Gómez contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3, a la vez que la defensa adelantó que, aunque en el fallo de la Audiencia se indique que contra su resolución “no cabe recurso ordinario alguno”, eso no cierra las puertas a otras opciones.

En concreto, la sentencia de la Audiencia cordobesa considera que la pena impuesta a Gómez es “benigna, una de las mínimas que podía recibir”, y eso “a pesar de la escandalosa cuantía de la defraudación”. Además, entiende que lo que cometió el empresario “no era un mero cúmulo de errores”, sino que había un “plan diseñado” para eludir el pago de impuestos.

El tribunal, que desestima en su integridad los recursos interpuestos, señala, en primer lugar, que tiene que “decir alto y claro” que Gómez “no ha sufrido” vulneración de su derecho fundamental a que se tutelen judicialmente sus intereses. También, asegura, respecto a la valoración de las pruebas periciales, que la Sala se ha encontrado con una “ponderación judicial de primera instancia aséptica y desapasionada”, que “no contiene razonamientos absurdos” y que “conduce a un relato fáctico coherente con tan neutral interpretación”.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba consideró probado que el empresario cometió dos delitos, ambos en 2006. El primero a través de Arenal 2000, al dejar de ingresar a Hacienda 25,5 millones reduciendo la factura fiscal. El segundo, a través de Arenal 2001, siendo la cantidad defraudada de 3,2 millones y con un método similar.

En el fallo confirmado se subraya que “quien realmente tomaba las decisiones y llevaba las riendas del grupo era Gómez, mientras que su esposa e hijos eran meros empleados del entramado empresarial”, estimando que “realmente no tenían conocimiento de la marcha y decisiones de las empresas del grupo, limitándose a firmar los documentos que se le ofrecían”.

Así, aunque el Ministerio Público llegó a pedir 40 años de cárcel para Gómez por diez delitos y 19 años y tres meses para sus hijos por otros siete delitos, el juez dejó las penas para el empresario en algo más de cinco años y absolvió a los hijos y la mujer, a ésta última en cuanto a la responsabilidad civil que pudiera tener como partícipe a título lucrativo.

A pesar de que la Fiscalía y la Agencia Tributaria buscaban en segunda instancia la condena por todos los delitos por los que acusaban, la Audiencia ha señalado que en esos casos fueron absueltos “adecuadamente”. Además, dice que “no se puede afirmar que los hijos de Rafael Gómez cometieran ni los dos delitos por los que ha sido condenado este, ni los restantes”.

Apunta que, si solo hacían un trabajo puntual y no participaban de la toma de decisiones del grupo de empresas, “no pueden contar con el conocimiento suficiente de la realidad contable y fiscal de estas como para poder arraigar un ánimo de defraudar a la Hacienda Pública compartido entre todos ellos, y entre ellos y su padre, verdadero hacedor de tal engaño”, según afirma la resolución de la Audiencia.

“ELUDIR EL PAGO DE IMPUESTOS”

De hecho, la Audiencia se refiere a Gómez y a su recurso, por una supuesta valoración errónea de las pruebas practicadas en el juicio, en el que el empresario alegó que la única prueba que había sido valorada para sostener su condena era el dictamen de un perito, pero la Sala le contesta que “nada más lejos de la realidad”.

Tras repasar todos los indicios empleados por el juez para basar su condena, la Audiencia se refiere al primer delito y dice que “no era, como atinadamente concluye el juez de primera instancia, un mero cúmulo de errores para un ejercicio fiscal concreto”, sino “la manifestación palmaria de un plan diseñado sobre la base de una estrategia preconcebida que, a toda costa e indiscriminadamente, buscaba a través de distintas vías eludir el pago de los impuestos debidos”.

“Por ende -añade la sentencia de la Sección Tercera-, estamos claramente en presencia de una conducta criminal de naturaleza fiscal”, de modo que “quien guía esa actuación descarada y aviesamente antisocial ha cometido sin ningún género de dudas el delito por el que fue condenado”.

Se trata de una actuación “delictiva” que, según ha advertido la Audiencia, “no pudo ejecutarse por el recurrente sin el concurso necesario y querido de expertos que, curiosamente, ni siquiera han sido sentados en el banquillo de los acusados, lo que llama poderosamente la atención de este tribunal”.

Sobre el segundo delito, la Audiencia vuelve a hablar de “artimañas y ardides contables”, niega errores y apunta que “bajo la batuta decidida de quien ha sido condenado y con la cooperación imprescindible de expertos ni siquiera acusados”, se “despliega un afán defraudatorio”.

Por eso comete un “delito fiscal que está integrado por una pléyade de buscadas ocultaciones y deliberados incumplimientos tributarios, que dan cuerpo a ese afán demostrado durante este ejercicio fiscal de mentir, falsear y forzar la Ley tributaria para sacar ilícito provecho antisocial rebajando la factura fiscal”.

Cabe recordar que Rafael Gómez fue condenado en el caso ‘Malaya’ por un delito de cohecho activo y se le impuso la pena de seis meses de prisión, sustituida por multa de 12 meses con cuota diaria de diez euros, en total 3.600 euros, y una multa de 150.000 euros, en este caso con la fijación de un calendario de pago.

20MINUTOS

Detenido por orden de la Audiencia Nacional el excomisario José Manuel Villarejo

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tiene entre manos otra causa que dará que hablar. Investiga a una organización criminal encargada de reintroducir en España y otros países de la Unión Europea a personas y fondos ilícitos vinculadas a la corrupción internacional en los negocios por la que se ha detenido, entre otros, al excomisario José Manuel Villarejo.

Villarejo, celebre por su presunta vinculación con la “operación Cataluña” que se destapó en la llamada guerra de comisarios que protagonizó con su compañero Marcelino Martín-Blas, comparecerá ante la magistrada como imputado por los delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y delitos contra los derechos de los ciudadanos no comunitarios en España.

Los arrestos se han desarrollado en la operación Tándem, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos, bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 6, que se ha ocupado como refuerzo del 3, ya que Lamela se encontraba este jueves tomando declaración al depuesto Govern.

En total se cuenta con seis detenciones (una de ellas la del excomisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca) y más de una decena de registros en domicilios y sedes de empresas en Madrid, Málaga y Valencia.

Según ha informado Anticorrupción, los dos comisarios de policía “prevaliéndose de las funciones propias de sus respectivos cargos, especialmente sensibles para la seguridad nacional, habrían recibido elevadas sumas de dinero, así como regalos diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español”.

Incurso en otros procesos
El veterano policía ha estado inmerso en la denominada ‘guerra de comisarios’, destapada a raíz del ‘caso del pequeño Nicolás’, y fue imputado en la causa abierta por el ‘pendrive’ de origen dudoso introducido en el ‘caso Pujol’.

Está también implicado en la causa que investiga al empresario Javier López Madrid por supuestamente acosar a la doctora Elisa Pinto, quien le identificó en una rueda de reconocimiento como la persona que la apuñaló el 10 de enero de 2014. El Ministerio del Interior llegó a indagar el entramado empresarial millonario de Villarejo, aunque finalmente sin consecuencias para él.

Hace apenas dos semanas, Asuntos Internos desmanteló una trama de corrupción integrada por ocho funcionarios policiales y de la Dirección General de Tráfico (DGT) que favorecían a empresarios mediante adjudicaciones a cambio de favores y beneficios personales.

DIARIOCORDOBA

El traslado a la Ciudad de la Justicia concluirá a primeros de diciembre

El traslado a la Ciudad de la Justicia de las nueve sedes judiciales estará terminado para primeros de diciembre, siendo Presidencia el último departamento en mudarse el próximo día 4, según ha informado esta mañana el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez. “Se están cumpliendo todos los plazos programados, la Fiscalía ya se ha mudado y los últimos seremos Presidencia, que está previsto el traslado para el próximo día 4 de diciembre. Ese día echaremos la llave”, ha afirmado Francisco de Paula Sánchez.

En su opinión, todas las quejas que ha levantado la Ciudad de la Justicia hasta el momento son “subsanables” y además existe voluntad de “soslayarlas”. Para el presidente de la Audiencia Provincial, las nuevas instalaciones “son modernas y tienen voluntad de futuro para acoger a más plantilla y más funciones”.

DIARIOCORDOBA

La Autoridad Fiscal estima que la crisis catalana restará hasta 1,5 puntos al PIB español

Al igual que el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha calculado que la crisis institucional en Catalunya puede restar hasta 2,7 puntos al crecimiento del año que viene si se prolonga la tensión. Pero además, supondrá entre 0,3 y 1,5 puntos menos al aumento del producto interior bruto (PIB) del cojunto de España.

En su informe sobre las líneas fundamentales de lso Presupuestos para el 2018 de Catalunya, el organismo presidido por José Luis Escrivá, estima un escenario central con un impacto total de 0,7 puntos que se restarán al crecimiento de la comunidad el año que viene. Pero la pérdida sería de hasta 2,7 puntos “si se agudiza y prolonga la crisis institucional”.

El análisis no solo estima el impacto en en crecimiento catalán sino para el conjunto de España, con la pérdida de entre 0,4 y 1,2 puntos. A estas cifras se agregará el “efecto del shock idiosincrático en dicha comunidad autónoma, que restará de forma adicional y particular entre 0,3 y 1,5 puntos porcentuales a su crecimiento”.

Según la AIREF, este deterioro del crecimiento tendrá, a su vez, “imapctos relevantes en el déficit público de Catalunya, “que pasa de un cumplimiento factible en el mejor escenario improbable o muy improbable en los escenarios de mayor estrés”.

DIARIOCORDOBA

Cae la banda ‘los Suzuki’, dedicada al hurto de motos en Córdoba

Entre los capturados están alias ‘Chicharrón Pelú’, ‘el Jopi’, ‘el Pulga’ y ‘Picadillo’, quienes quitaban las motos a mano armada en un sector de este Departamento.

Una investigación de diez meses realizada por la Policía en Córdoba permitió la ubicación y posterior captura de 13 presuntos integrantes de la banda delincuencial ‘los Suzuki’, dedicada al hurto de motos para vender las partes en el oriente de este Departamento, específicamente en los municipios de Chinú, Sahagún, San Andrés de Sotavento y Chimá.

El comandante de la Regional Sexta de la Policía, general  Carlos Rodríguez, sostuvo que la captura de las 13 personas fue posible mediante diez allanamientos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

“Logramos incautar dos armas de fuego y recuperar cuatro motos que habían sido hurtadas mediante atraco a mano armada en días anteriores. Estas personas comercializaban las partes de las motos y modificaban los guarismos de las mismas”, precisó el alto oficial.

Los allanamientos se desplazaron además de los perímetros urbanos al corregimiento de Arache, en Chimá y a la vereda San Roque, del municipio San Benito de Abad (Sucre).

Los nombres de las personas detenidas, revelados por la Policía son: Bernardino Guerrero, alias ‘el Guajiro’, quien sería el segundo cabecilla de la banda delincuencial; Eduar De Hoyos, conocido como ‘el Eduar’, quien según las autoridades se desempeñaría como tercer cabecilla de la misma; Ricardo Pacheco, conocido como ´’Chicharrón Pelú, quien sería el cuarto cabecilla de  ´’los Suzuki’, Luis Ballesta, alias ‘el Pulga’; Rubén Flórez, alias ‘Picadillo’, quienes serían los encargados de financiar la organización por medio de compra y venta de autopartes.

La lista de detenidos la complementan Carlos Cardozo, Harold Díaz, Héctor Figueroa, alias ‘el Titi’; Juan Flórez, conocido como ‘el Cara de Perro’; Rafael Hoyos, conocido como ‘Toño’;  Víctor Pájaro, alias ‘Morocho’; Luis Fernando Coronado García, conocido como ‘el Jopi’; y alias ‘Charro’. Este último fue capturado en Medellín y de acuerdo con la Policía estos últimos serían  los encargados de cometer los hurtos de las motocicletas en sus diferentes modalidades.

ELHERALDO

“Estamos tranquilos y demostraremos que en el ‘Happy’ Lora no se perdió un centavo”: Pineda

El alcalde de los monterianos dijo que confía en que todo se aclare “y que saldremos satisfechos en este proceso”.

El alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, hablando también a nombre del ex mandatario de esta misma ciudad y ex consejero presidencial para las regiones, Carlos Eduardo Correa, dijo que están tranquilos frente al llamado a juicio por parte de la Fiscalía, para que respondan por su presunta responsabilidad en supuestos malos manejos de los recursos con los que se reconstruyó el coliseo Miguel ‘Happy’ Lora de esta ciudad.

“Frente al tema del coliseo estamos muy tranquilos, confiados en Dios, en la justicia donde demostraremos nuestra inocencia y demostraremos que en el ‘Happy’ Lora no se perdió un solo centavo, que la obra se hizo bien y que los problemas que hubo en tiempos fueron de diseños, los cuales no hizo la Alcaldía de Montería, en un escenario que tampoco es de la municipalidad sino del Departamento, todo eso lo demostraremos en las distintas audiencia que tendrá el curso de la investigación”, expresó Pineda.

El alcalde de los monterianos dijo que confía en que todo se aclare “y que saldremos satisfechos en este proceso”, tras insistir en que le ha pedido varias veces a la Gobernación que le entregue el escenario deportivo en comodato para que sea la Alcaldía quien lo administre y le dé mejor dinamismo.

“He recibido buenas noticias en el sentido de que existe la voluntad por parte de la Gobernación para entregarnos el coliseo en comodato”, precisó Pineda.

Este miércoles se confirmó que la Fiscalía presentó escrito de acusación contra Pineda y Correa, a quienes a finales del pasado mes de junio les imputaron cargos por contrato sin cumplimiento de los requisitos, falsedad ideológica en  documento público y peculado a favor de terceros. Sin embargo, la jueza 40 de control de garantías de Bogotá negó la solicitud de medida de aseguramiento que había hecho la Fiscalía 92 Anticorrupción.

Pineda confirmó que a partir de las 2:00 p.m., de este jueves en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, su abogado lo asistiría en una audiencia de apelación de la Fiscalía,  frente a la decisión de la jueza 40 de no imponer medida de aseguramiento.

Los hechos en los que están inmersos el alcalde y el ex alcalde de Montería, tienen que ver con supuestos sobrecostos y anomalías en la ejecución de convenios por 12.500 millones de pesos para la remodelación del ‘Happ’ Lora, uno de ellos, del 30 de diciembre de 2011 celebrado entre la Gobernación y el municipio de Montería; y el segundo, celebrado el 25 de junio de 2012, entre el municipio y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social.

La obra debió ser entregada en noviembre de 2012, pero solo fue posible en el primer semestre de este 2017, con algunas “variaciones en los diseños”, según lo ha advertido la Fiscalía