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La Constitución impide ilegalizar a los partidos independentistas

En medio de la conmoción que ha causado el encarcarcelamiento de buena parte del Govern, la Fiscalía General del Estado recibió el viernes una denuncia para ilegalizar a la CUP por apoyar el 1-O y “propiciar la violencia para alcanzar sus objetivos”. El ministerio público archivó la querella, pero algunos sectores del PP sí consideran que la solución al conflicto territorial pasa por dejar fuera de la arena política a los secesionistas, con el argumento de que defienden postulados contrarios a la unidad de España y al ordenamiento jurídico.

El primero en proponerlo, “a título personal”, poco antes de que Mariano Rajoy convocara elecciones autonomicas el 21 de diciembre, fue el vicesecretario de comunicación del partido conservador, Pablo Casado. El líder del PPC, Xavier García Albiol, recogió el guante, precisando que solo prohibiría los “programas electorales” independentistas y no los partidos, a través de una reforma de la ley electoral.

Pero sus planteamientos chocan frontalmente con la legislación actual, hasta el punto de que tanto el Gobierno como la dirección del PP se han desmarcado de sus postulados y de forma oficial nadie ha expresado dudas de que ERC, el PDECat o la CUP concurran a los próximos comicios.

La pluralidad
Tanto la Constitución como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) dejan claro que España no es una democracia de las llamadas “militantes”, al estilo alemán, que prohíbe los partidos contrarios a la democracia, por su experiencia con el nazismo. La ley fundamental española defiende la pluralidad política y la legislación que emana de ella establece que solo se pueden prohibir comportamientos o actividades que, por medios violentos o antidemocráticos, vulneren la ley de leyes. Además, se requiere que los hechos sean graves, continuados y sistemáticos. Con esta doctrina, Batasuna fue ilegalizada por “dar apoyo explicito o tácito al terrorismo”, según recuerda Francesc Vallès, profesor de Derecho Constitucional.

“Ser independentista o republicano siempre que se defienda a través de los procedimientos democráticos y parlamentarios es plenamente constitucional, puesto que no se está atentando contra los derechos y libertades, ni contra los valores constitucionales, ni contra la democracia, sino que significa una apuesta por una forma de gobierno y una estructura territorial distinta, pero plenamente democrática, como existe en otros países”, añade el profesor de la Universitat Autònoma.

Para ilegalizar a los secesionistas no solo habría que modificar la ley de partidos, fórmula propuesta por Casado, sino reformar la propia Constitución.

Los posibles frenos
Aunque el PP se viera tentado a dar ese paso, aprovechando la comisión impulsada por el PSOE en el Congreso, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el “mantenimiento” y no la prohibición de las formaciones políticas, según advierte Mercedes Iglesias Bárez, autora del libro ‘La ilegalización de partidos en el ordenamiento español’.

El Constitucional alemán ha interpretado restrictivamente la Constitución del país y solo permitió la prohibición de los partidos comunista y nazi en la década de los cincuenta. En la actualidad en Baviera existe una formación independentista legal, aunque su apoyo electoral es escaso.

El ejemplo de Francia
El caso francés es similar, y en los años ochenta las prohibiciones se han circunscrito a organizaciones terroristas como Iparretarrak o A Ricorsa. Pero en la actualidad es legal Corsica Libera, que defiende la secesión de Córcega, según documenta Agustín Ruiz Robledo, profesor de la Universidad de Granada.

Por todo ello, en opinión de Iglesias Bárez, solo si el comportamiento de los secesionistas fuera “violento o de continuación de las actuaciones antidemocráticas”, el escenario “sería otro y se podría iniciar el proceso de ilegalización”.

El modelo del 78
El penalista Joan Queralt opina, en cambio, que si el PP se empeña en el cambio (“es la única manera que pueden intentar para ganar las elecciones en Catalunya” sostiene) lo hará sin preocuparle “si es democrático o no”. El problema, lamenta, es que “el movimiento independentista ni es un suflé, ni es la bandera cubre-corrupción: es una clase media, que ve que España no responde adecuadamente a sus necesidades y ha percibido, antes que otros, que el modelo del 78 ya no sirve y está agotado”. Por todo ello, concluye Queralt, catedrático de la Universitat de Barcelona, “creer que el enfoque aplicado ante otras situaciones, es decir, represivo sin más, va a solventar algo demuestra por enésima vez que no se conoce la realidad ni la dimensión del problema”.

DIARIOCORDOBA